En los últimos meses, diferentes debates sirvieron para el despliegue de fórmulas de mano dura en relación con el problema del delito y la violencia: la amenaza del narcotráfico como causa de todos los males, el debate irracional sobre un proyecto de reforma del Código Penal y la justificación de los ataques violentos contra ciudadanos involucrados en supuestos o efectivos delitos hacia la propiedad como parte de una prédica sobre la ausencia del Estado.
En línea con esta campaña, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó hace pocos días de modo ampuloso un plan de 22 medidas. Pero el gobernador Daniel Scioli en sus seis años de gobierno anunció ya cinco planes y catorce paquetes de reformas del mismo tenor y orientación de lo que ahora se presenta como novedoso, todos ellos basados en el aumento de penas; la restricción de las excarcelaciones o salidas anticipadas; el aumento de facultades y recursos policiales; el énfasis discursivo puesto en los menores de edad y el narcotráfico. A lo que debe sumarse una cantidad no despreciable de medidas del mismo tipo impulsadas por gobiernos anteriores y celebradas por amplios sectores políticos y sociales. Son las mismas políticas, repetidas al hartazgo, sin objetivos definidos de gestión, y menos aún indicadores de éxito.
La sobreactuación o el silencio de funcionarios y dirigentes de diferentes partidos frente a esta situación pone de manifiesto que estos fracasos en serie no dialogan con las legítimas demandas de seguridad de la ciudadanía y tampoco trabajan sobre diagnósticos rigurosos de los fenómenos delictivos que deben ser abordados, sino que responden a las campañas de opinión pública. Sus consecuencias son el agravamiento de los problemas y la vulneración de derechos que recaerá sobre aquellos que tienen menos posibilidades de defenderse del abuso policial.
Un camino diferente al de la mano dura es apostar a programas realmente efectivos orientados a reducir la violencia y el delito, con indicadores de éxito comprobables. Un aspecto central de esta orientación es la intervención sobre redes criminales que atraviesan a las propias instituciones del Estado y tienen relación directa con gran parte de los delitos cotidianos que ocurren en las calles. Nuestra perspectiva es que el éxito de una política de seguridad debe estar ligado a fortalecer la capacidad del Estado en la disminución de los delitos y de la violencia, lo cual implica destinar esfuerzos a la transformación democrática y profesional de las instituciones estatales, a las estrategias de prevención y a la afectación de redes criminales.
Reivindicamos un Estado presente en materia de seguridad, pero no aceptamos y consideramos ineficaz el concepto implícito en estas campañas y en estas políticas: un Estado presente no es un Estado violento.