Las fotos de requisas vejatorias en la penitenciaría de San Luis que trascendieron hoy son una nueva muestra de las prácticas de tortura y trato inhumano que se extienden en los lugares de encierro del país.
Estos hechos no constituyen una situación aislada. El Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS denunció reiteradas veces el carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en la Argentina.
En los últimos años, tomaron estado público casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detención a nivel nacional y en las distintas provincias. Estas prácticas forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas. Por lo tanto, es impostergable que se implemente el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y que se exija a las provincias que pongan en marcha sus organismos de control.
Los patrones estructurales de violación de los derechos de las personas privadas de libertad en el país exigen respuestas políticas enérgicas que avancen en las reformas de los sistemas penitenciarios y policiales del país. De lo contrario, estos hechos seguirán repitiéndose.