El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena declaró la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción en la causa en la que se debe investigar a César Milani, jefe del Ejército, por su responsabilidad en el secuestro y tortura de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja en 1977.
Para fundamentar su decisión, Herrera Piedrabuena utiliza argumentos arbitrarios y sin sustento. El juez basa la nulidad en que Milani sostiene que el requerimiento no le permitió ejercer su derecho de defensa. Esta apreciación de Herrera Piedrabuena contradice actos procesales de la causa.
Durante la instrucción Milani desplegó distintas estrategias defensivas. Por ejemplo, su defensa presentó argumentos de fondo respecto a los hechos que se le imputan: dio su versión sobre el funcionamiento del circuito represivo de La Rioja, caracterizó su rol como subteniente e incluso dijo que, según consta en su legajo, estaba sancionado en el momento del secuestro de Pedro Olivera. Es decir que comprendió claramente el alcance de los hechos de los que se lo acusa. Al mismo tiempo, durante meses, tanto la fiscalía, como la querella y la defensa consintieron la instrucción de la causa, en la que Milani se presentó espontáneamente y se tomaron testimonios.
Si bien el juez indica que el Ministerio Público Fiscal debe volver a requerir la investigación, la decisión de anular el trabajo judicial ya realizado sin argumentos válidos que la justifiquen significa un verdadero entorpecimiento del proceso que, si no se toman las medidas necesarias, conduciría a la impunidad. En los hechos, esta decisión implica que el caso vuelve al fiscal Horacio Salman, quien en el pedido de nulidad ya emitió su opinión favorable a desvincular a Milani de la investigación y que, por lo tanto, debería apartarse de la causa.
La justicia federal y el Ministerio Público Fiscal deben tomar todas las decisiones necesarias para que la investigación de estos hechos se lleve adelante de manera tal que garantice el cumplimiento de la obligación del Estado argentino de averiguar la verdad de lo sucedido y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.