Hoy se cumplen 20 años del crimen de Jorge Omar Gutiérrez, comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue asesinado por un agente de la Policía Federal argentina y por otro que se hacía pasar por federal. Gutiérrez estaba investigando un depósito fiscal que –luego se supo– estaba vinculado al caso de “Aduana paralela”.
Este hecho puso de manifiesto el estrecho vínculo entre las fuerzas de seguridad, el poder judicial y político y las redes de ilegalidad que caracterizaron una década. También es ejemplo de las violaciones a los derechos humanos que se cometen para encubrir esas tramas delictivas. El homicidio del comisario fue encubierto por la PFA con la colaboración de la Bonaerense que tenía a su cargo la investigación. Además contaron con la connivencia de la justicia provincial.
El caso es también la historia de lucha y la perseverancia de la familia Gutiérrez. A pesar de sus incansables gestiones, la causa se mantuvo paralizada y no se ha sancionado a los autores materiales ni intelectuales. Frente a la impunidad local, la familia Gutiérrez acudió al Sistema Interamericana de Derechos Humanos con el patrocinio del CELS.
A fines del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia sobre las violaciones a los derechos de Gutiérrez y sus familiares, y estableció medidas de reparación. Entre ellas, que el asesinato de Gutiérrez debe ser investigado nuevamente en una instancia judicial para “identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.
Entre otras medidas, el Estado se comprometió durante el trámite del caso al establecimiento de un sistema efectivo de protección de víctimas y testigos, a implementar mecanismos de control externos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y avanzar en los sumarios sobre el personal de las policías que hayan encubierto o entorpecido la investigación.
Desde el CELS, continuaremos acompañando a la familia Gutiérrez en la búsqueda de memoria y justicia, así como en implementación de las medidas institucionales que procuran la garantía de no repetición de graves violaciones de derechos humanos como las consumadas en este caso.