El 26 de junio de 2002, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados durante un operativo coordinado entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires que ocasionó, además, alrededor de 80 heridos, 30 de ellos con balas de plomo. Este hecho tuvo profundas implicacias políticas y significó un antes y después en los debates sobre el rol del Estado respecto de las protestas sociales.
En 2006, el ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales de los homicidios. Pero en todos estos años, el poder judicial no avanzó en la investigación sobre las responsabilidades de funcionarios políticos, ni de los altos mandos de las fuerzas de seguridad que participaron. No se trata de una omisión particular en este caso, por el contrario, es una constante en las causas judiciales que deberían investigar cómo se planifican, se ejecutan y se controlan los operativos de seguridad en el contexto de conflictos sociales, especialmente aquellos en los que existió un despliegue de violencia policial extrema.
El CELS acompaña a familiares y compañeros en su permanente lucha por hacer justicia.