Hoy se realizó una audiencia en el marco del hábeas corpus por la desaparición de Luciano Arruga, ocurrida en enero de 2009.
Desde que el joven desapareció hace más de cinco años y medio, su familia está buscando una respuesta del Estado. Sin embargo, hasta que la causa pasó al fuero federal se sostuvo una investigación judicial y administrativa que fue parte de la trama de encubrimiento. Al día de hoy, no hay información sobre dónde está Arruga, qué pasó con él ni quiénes fueron los autores de la desaparición.
La audiencia de hoy se convocó para implementar las medidas de búsqueda y averiguación de la verdad que dispuso la Cámara Federal de Casación al abrir el hábeas corpus y posibilitó por primera vez que los funcionarios federales y provinciales escuchen a la familia y den cuenta de las medidas realizadas y a realizar.
En los tribunales federales de Morón estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda y otros funcionarios nacionales. En representación de la provincia de Buenos Aires asistieron Nicolás Carvalho, subsecretario de Promoción y derechos humanos, y Alejandro Inchaurregui, director del Registro de personas desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. También asistieron el fiscal Sebastián Basso, la Procuraduría contra la violencia institucional (PROCUVIN) y el Equipo Argentino de Antropología Forense. La familia de Luciano Arruga estuvo acompañada por APDH La Matanza y el CELS.
Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, relató que en estos cinco años no sólo no recibió una respuesta sobre el paradero de su hijo sino que además fue maltratada por el Estado: “Este hábeas corpus es importante, en estos cinco años tuvimos que remar en dulce de leche y ustedes funcionarios y políticos se encargaron de hacerlo más espeso. Todos los días iba a preguntar si había novedades de Luciano. Con mi humildad iba y les preguntaba por mi hijo. Me decían que espere”.
En la audiencia fue evidente la falta de voluntad del gobierno provincial para investigar la desaparición y la trama de encubrimiento. Las partes solicitaron a los representantes del ejecutivo provincial que especifiquen las medidas que tomarán para cumplir con el fallo judicial que impuso la obligación de remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos que hasta ahora impidieron esclarecer la desaparición.
Al Estado federal se le pidió que ponga a disposición los recursos a su alcance para profundizar la investigación del paradero de Luciano Arruga y que sea garante del cumplimiento de las obligaciones que debe asumir la provincia de Buenos Aires. El juzgado, luego de escuchar a los presentes, fijó una nueva audiencia el próximo viernes para elaborar un plan de trabajo concreto y avanzar en las medidas sugeridas por las partes.
La desaparición de Luciano Arruga exige que todas las agencias del Estado se comprometan con investigar y producir la información que permita saber lo que ocurrió con el joven, desarmar la estructura ilegal de la policía bonaerense que la habilitó y terminar con las prácticas institucionales que la rodearon.
La semana pasada tres jóvenes que conocían a Luciano Arruga fueron detenidos ilegalmente por policías del destacamento de Lomas del Mirador, sospechado de haber participado en su desaparición. Uno de los jóvenes fue golpeado y lastimado. Este hostigamiento policial sistemático muestra que la Bonaerense sigue teniendo el mismo modus operandi que permitió la desaparición de Arruga y luego la ocultó.
Es imprescindible que todas las agencias del estado nacional y provincial se orienten a desarmar las estructuras de complicidad y silencio que permanecen intactas y, de esta manera, avancen en responder dónde está Luciano Arruga y qué pasó con él.