Mañana comenzará el juicio a los referentes sociales Diosnel Pérez y Leonardo Nardulli por la ocupación del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires los acusa de haber planificado y organizado la toma. El juicio tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21 a cargo de Cristina Lara.
La decisión de llevar a juicio a Perez y Nardulli sienta un grave precedente de criminalización de referentes sociales y evidencia el trato discriminatorio y violento con que el Gobierno de la Ciudad se ha posicionado frente a conflictos como los del Indoamericano.
En diciembre de 2010, la justicia tuvo un rol determinante para que se desencadenara el operativo en el que fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña y 5 personas resultaron heridas. La jueza María Cristina Nazar, a cargo de la causa durante la ocupación, desistió los pedidos para abrir canales de diálogo que pudieran destrabar el conflicto y se limitó a brindar una cobertura de aparente legalidad al accionar policial abusivo. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no sancionó a los funcionarios policiales involucrados en el operativo ni tuvo una colaboración activa con la investigación penal por los muertos y heridos. Todos continúan en funciones y son defendidos por un estudio jurídico con domicilio en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Además, algunos de ellos participaron en otros operativos violentos como el del Borda y la Sala Alberdi.
En cuanto a la responsabilidad penal por las muertes, en julio, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Policía Federal y Metropolitana que estaban procesados. La Cámara confirmó la responsabilidad policial, aunque sobreseyó a los efectivos porque consideró que no les podía atribuir responsabilidades individuales. Tampoco se ha esclarecido el asesinato de Emiliano Canaviri Álvarez.
En estos cuatro años se ha agravado la situación de déficit en el acceso a un hábitat digno que dio origen a la toma del Indoamericano.
Mientras se persigue y criminaliza a referentes sociales, las muertes ocurridas durante el desalojo del Parque continúan impunes.
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