Hoy se presentó el alegato de la querella ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el juicio donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 204 víctimas en El Vesubio. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) integra una querella unificada con el abogado Pablo Llonto y el equipo jurídico KAOS.
Dentro del centro clandestino de detención existió una continuidad delictiva entre las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos y los homicidios. Además, se probaron durante el juicio una serie de delitos sexuales por los que el CELS pidió la ampliación de la acusación. Los padecimientos de las mujeres se reflejaron en las violaciones concretas, en el trato a las embarazadas, en el sadismo y el particular ensañamiento incluso en las golpizas por su condición de mujeres, los manoseos, la humillación verbal, entre otras violencias. Otra de las particularidades de El Vesubio es la especial brutalidad ejercida en las torturas sobre los detenidos judíos.
Como querellantes, pedimos condenas a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Federico Antonio Minicucci y Jorge Raúl Crespi. Faustino José Svencionis falleció antes de finalizar el juicio pero se solicitó que la sentencia deje constancia de su responsabilidad, en función del derecho a la verdad de las víctimas.
Se solicitó además al Tribunal, que se investigue la responsabilidad del ex capellán del Ejército Emilio Teodoro Graselli. En las audiencias abundaron las menciones sobre su actuación cómplice: al tiempo que recibía a familiares de víctimas –a quienes daba información mendaz–, Graselli extraía de ellos datos que facilitaba luego al régimen, haciendo tareas de inteligencia.
También solicitó que se investiguen los delitos contra la propiedad. De los relatos escuchados en el juicio surge que las casas de las víctimas fueron saqueadas, que en muchas oportunidades se quedaron con las propiedades, que pedían dinero a cambio de la liberación de los familiares (que finalmente no se producía). Y finalmente, que se investigue de manera seria y exhaustiva a los jueces y fiscales que dieron una respuesta insuficiente o incluso cómplice con el accionar de la dictadura.