Hoy el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió la admisibilidad y la apertura del juicio político a las dos fiscales y al juez que tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición de Luciano Arruga. Se trata de Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco. A partir de ahora se iniciará el sumario para formalizar la acusación y decidir sobre la actuación de los funcionarios judiciales bonaerenses.
La denuncia de los familiares, el CELS y la APDH La Matanza se centró en las gravísimas faltas de la causa judicial que estuvo más de cuatro años sin darle a la familia ninguna respuesta sobre el paradero de Luciano y lo que había sucedido con él. La decisión de no investigar la participación policial quedó en evidencia desde el primer momento en que se dejó a la Policía Bonaerense manejar el caso. La causa estuvo plagada de pistas falsas y de acciones de entorpecimiento.
No hubo además medidas de búsqueda serias de Luciano como quedó claro con la aparición del cuerpo. Desde los primeros momentos, tanto la fiscal Roxana Castelli como la fiscal Celia Cejas Martin contaban con las huellas dactiloscópicas de Luciano Arruga, incorporadas al material disponible desde que Castelli solicitó la causa por la que Luciano fue detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008 y torturado por efectivos de la Policía Bonaerense. Sin embargo, no las usaron para buscarlo. Casi seis años después, esas huellas fueron un elemento fundamental en la investigación que se abrió con el hábeas corpus pedido por la familia, APDH La Matanza y el CELS en julio de 2014.
Celia Cejas obvió información esencial para encontrar al joven, que hubiera permitido avanzar desde el primer momento en una investigación sobre qué pasó en las horas previas a la desaparición y muerte de Luciano. Así también criminalizó a la familia de Luciano cuando ordenó la intervención de los teléfonos para escucharlos en secreto durante un año y medio. El juez de Garantías Gustavo Banco permitió que estas intervenciones telefónicas se sostuvieran en el tiempo. La fiscal Cejas también mantuvo reservada, a su arbitrio y de manera discrecional, la información que iba incorporando. La desprolijidad con la que llevaba registro de la prueba producida, la reserva de la información a la familia y la omisión de procesar información crucial que podría haber dado con el paradero de Luciano muchísimo tiempo antes tuvieron como consecuencia la falta de resultados en la causa.
De esta manera, la familia no sólo sufrió la desaparición y muerte de Luciano sino también la discriminación y el desprecio de las instituciones judiciales a las que les corresponde dar contención y respuestas.
Desde el 17 de octubre, cuando anunciamos la aparición del cuerpo de Luciano, la justicia federal profundizó la investigación sobre la responsabilidad policial en la desaparición y muerte del joven. El juez federal Juan Pablo Salas realizó peritajes y recabó testimonios que son fundamentales para avanzar en este sentido. Entre ellos, el del conductor que lo atropelló quien afirmó que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. Estos indicios remiten a las prácticas históricas de hostigamiento y persecución de la Policía Bonaerense de las que Luciano ya había sido víctima.
El proceso de juicio político que se abre con la decisión de hoy será fundamental para ver si el sistema político provincial le exige al Poder Judicial criterios de actuación claros de protección de los derechos humanos para enfrentar las prácticas arraigadas de violencia policial. No puede haber impunidad para los abusos policiales ni tampoco para los funcionarios políticos o judiciales que responden con desidia, formalismos o complicidad.
Familiares y amigos de Luciano Arruga
APDH La Matanza
CELS