El CELS y otros actores sociales de la región impulsamos un profundo cambio de paradigma de las políticas públicas para proteger los derechos humanos de las personas migrantes.
Las estrategias que desarrollamos para alcanzar este objetivo incluyen acciones ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y ante ámbitos de la ONU y la organización de un amplio encuentro regional sobre “Migración, derechos humanos y políticas públicas”.
Las distintas instancias, como las audiencias en la CIDH sobre niñez migrante y población refugiada, la participación en calidad de amigos del tribunal en un caso ante la Corte IDH sobre República Dominicana y en la opinión consultiva de la Corte IDH sobre niñez migrante y los aportes que formulamos para la elaboración de los principios de la ONU sobre fronteras internacionales fueron fértiles para afirmar la relevancia de la perspectiva de derechos humanos en las políticas migratorias.
Es necesario fortalecer y profundizar estos y otros esfuerzos frente a la grave situación de las personas migrantes en distintas partes del mundo.
AUDIENCIAS EN LA CIDH: NIÑEZ MIGRANTE Y POBLACIÓN REFUGIADA
Durante la última semana de octubre, un grupo de más de 20 organizaciones participó en dos audiencias temáticas sobre los derechos de las personas migrantes en la región en el marco del 153 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia sobre niñez migrante el 30 de octubre, las organizaciones destacamos las causas estructurales de la creciente migración de los niños y niñas desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos, por un lado, y remarcamos que la respuesta de los Estados ha sido reforzar las fronteras. Sostuvimos que el endurecimiento del control migratorio y la militarización en zonas de frontera incrementan la vulnerabilidad de las personas menores a detenciones ilegales, y contribuyen al aumento de la violencia, el crimen organizado, y los peligros en las nuevas rutas migratorias.
El CELS presentó un trabajo de recopilación y análisis de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los y las migrantes en frontera. Abordamos las obligaciones estatales con respecto a la niñez en frontera, partiendo del principio de que se debe priorizar la protección integral y el interés superior del niño, y resaltando el contraste respecto a las actuales respuestas de los Estados.
Observamos la necesidad de que la Comisión sistematice los estándares de derechos humanos aplicables a personas migrantes en zonas fronterizas y que monitoree la aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH).
En la audiencia del 27 de octubre, sobre los desafíos actuales para la protección internacional e integración efectiva de población refugiada en el ámbito de protección del sistema interamericano de derechos humanos, y en el marco del trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, planteamos que la Comisión desarrolle un procedimiento para el seguimiento de la Opinión Consultiva 21 de la Corte IDH a fin de generar prácticas estatales consistentes para la protección de las personas que huyen de un país de origen debido a la violencia generalizada.
SENTENCIA DE LA CORTE IDH, CASO DE REPÚBLICA DOMINICANA
La Corte IDH hizo pública el 22 de octubre la sentencia en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas (“Benito Tide y otros Vs. República Dominicana”). El caso surgió de la detención arbitraria y expulsión sumaria de la República Dominicana de 27 personas de origen haitiano, a lo largo de la década de los 90. Algunas de las víctimas fueron expulsadas pese a ser de nacionalidad dominicana, y que contaban con sus documentos de identidad, los cuales fueron desconocidos o destruidos por las autoridades estatales.
El CELS, el Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB) y Fundar presentamos un amicus curiae en el caso, que planteaba el derecho a la nacionalidad como derecho fundamental y la ausencia de debido proceso en las expulsiones y detenciones realizadas por el Estado dominicano. En su decisión, la Corte IDH concluyó que en República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria.
Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte, se destaca la observancia de las garantías del debido proceso durante cualquier procedimiento relacionado con la expulsión.
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana falló el 4 de noviembre que el país queda fuera del alance de las decisiones de la Corte IDH porque considera que su adhesión a la Corte fue inconstitucional. El CELS y otras organizaciones de diversos países vemos esta decisión con profunda preocupación y esperamos contar con un pronunciamiento al respecto de los Estados de la región.
NIÑEZ MIGRANTE: OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE IDH
En septiembre, la Corte IDH hizo pública la Opinión Consultiva 21 sobre niñez migrante. Fue en respuesta a la solicitud sin precedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ya que fue un pedido conjunto sobre este tema fundamental.
En el año 2013, alrededor del 11 por ciento de los 61,6 millones de migrantes en el continente americano tenía menos de 19 años, dijo la Corte. A pesar de eso, las obligaciones de los Estados respecto de los niños y las niñas migrantes no están establecidas en forma clara y sistemática. La opinión consultiva de la Corte debería ayudar a remediar esto.
Decenas de organizaciones de derechos humanos y de migrantes, así como también centros de estudios, participaron del proceso que llevó a la decisión de la Corte. La Clínica Jurídica para la protección de los derechos de los migrantes y refugiados del CELS, la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presentamos un amicus curiae en el que se abordaron tres temáticas: las garantías del debido proceso en las causas migratorias que involucran a niños y niñas; la no detención de los niños y niñas separados de sus familias; y el derecho a la vida familiar en casos de que se disponga la expulsión de los padres.
La Corte instó a los Estados a tomar medidas para asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Pidió, también, velar por que se garantice el interés superior de los menores como la primera consideración a ser tenida en cuenta frente a cualquier decisión administrativa o judicial. Celebramos el reconocimiento de que el concepto de unidad familiar no puede justificar la privación de libertad de familias enteras; por el contrario, las autoridades tienen la obligación de optar por medidas alternativas a la detención.
PRINCIPIOS DE LA ONU SOBRE FRONTERAS INTERNACIONALES
El 22 de octubre, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó los Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en las Fronteras Internacionales, en el marco de la 69ª Asamblea General de la ONU. Estos Principios tomaron forma luego de dos años de trabajo y con la participación de organizaciones latinoamericanas como el CELS, el PDIB, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
Nuestros aportes se centraron en dos ejes: el rol del Estado como garante de derechos y el rechazo a “zonas de excepción”. Estos insumos se basaron en experiencias de trabajo en terreno, principalmente en la frontera entre México y Estados Unidos y en la frontera sur de México.
Entre los Principios y Directrices –dirigidos en mayor medida a los Estados–, destacamos que se hayan reconocido las diversas formas de privación de libertad en frontera, el derecho a un debido proceso para todas las personas migrantes, la necesidad de establecer mecanismos para asegurar la no impunidad en los casos de violaciones de derechos y el problema de la confiscación de pertenencias personales.
Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, participó de una discusión interactiva en Nueva York por el lanzamiento oficial de los Principios y Directrices. El CELS también participó en Bruselas de una actividad organizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, por el mismo motivo.
A principios de octubre, la CIDH visitó la frontera entre México y Estados Unidos para monitorear el tratamiento de los niños y las niñas migrantes y sus familias. Antes de la visita, el CELS con el PDIB y Fundar enviamos un documento a la Comisión para solicitar que provea lineamientos específicos a los Estados para que puedan implementar los estándares de derechos humanos en las zonas de frontera.
ENCUENTRO REGIONAL
Muchos de estos temas fueron debatidos durante un encuentro regional realizado en Buenos Aires, en junio. Al seminario “Migración, derechos humanos y políticas públicas” asistieron más de ochenta representantes de organizaciones sociales, sindicatos, universidades, organismos internacionales y gobiernos de la región. El evento fue organizado por el CELS, la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (CDHUNLa). También contó con el apoyo del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.
Durante los intercambios sobre una posible agenda en común, los participantes destacamos la importancia de los derechos laborales de las personas migrantes y sus derechos económicos, sociales y culturales; la no criminalización y detención; el debido proceso en los procedimientos de expulsión; la regularización de su situación migratoria; su participación política; y el derecho a la protección internacional y asilo. También fueron abordados en talleres especiales la problemática de distintos grupos migrantes, entre ellos mujeres y menores de edad, como las dificultades propias de zonas de frontera.
Además, se acordó impulsar una movilización simultánea de trabajadores y trabajadoras migrantes en varias ciudades del mundo para el 1 de mayo de 2015, cuando se conmemora el día internacional de trabajo, para vincular así el derecho a trabajo con el derecho a migrar.
Los responsables de generar políticas públicas participaron en el debate a través del “Diálogo sobre Integración Regional, Políticas Migratorias y Derechos Humanos”, coorganizado con el Instituto de Políticas Públicas en DerechosHumanos del MERCOSUR (IPPDH) y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS).