La propuesta de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y de crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional es de absoluta trascendencia política. En un contexto en el que se ha puesto en debate el intolerable nivel de autonomización del aparato de inteligencia nacional y sus relaciones espurias con el sistema político y judicial, la nueva regulación debería servir para promover la reducción de su tamaño, la profesionalización de la actividad y una clara subordinación a las instituciones democráticas y al gobierno político. En igual sentido, representa un avance sustantivo sacarle a esta Agencia la facultad de centralizar las intervenciones telefónicas vinculadas a causas criminales y su traspaso al Ministerio Público. Sin perjuicio de la necesidad de discutir qué corresponde hacer con aquellas que se pretendan realizar en el marco de tareas de inteligencia y que requieren orden judicial.
La conveniencia de avanzar sobre la estructura autonomizada del aparato de inteligencia nacional se puede tornar ineficaz, sin embargo, si se aumentan las competencias de la AFI y se superponen tareas de investigación e inteligencia criminal. En este sentido, el proyecto no reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal al otorgarle y reforzar funciones de investigación. Además, se queda a mitad de camino en las modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad.
Este proyecto es un avance en el demorado cumplimiento del compromiso que el Estado argentino tomó con las víctimas del atentado a la AMIA en el año 2005. El decreto 812/05 firmado en el marco del trámite del caso ante la CIDH, en el que el CELS acompaña a Memoria Activa, establecía la necesidad de transparentar el uso de los fondos reservados de las agencias de inteligencia y facilitar el acceso a información en el marco de causas judiciales. Sin embargo, el proyecto prevé regulaciones insuficientes para cumplir con este compromiso.
La decisión de reformar la Ley de Inteligencia Nacional impone que se abra finalmente un amplio debate en el Congreso y que gobierno y oposición trabajen en forma cooperativa en el mejoramiento del proyecto sin buscar ventajas coyunturales que desplacen el eje de uno de los temas centrales para el sistema democrático y sus instituciones fundamentales (art. 38, CN). En esta línea, el CELS enviará un conjunto de observaciones al Congreso para aportar a la discusión parlamentaria.
En el documento desarrollamos algunos de los puntos del proyecto que consideramos deben ser revisados por el Congreso de la Nación.
Para leer el documento con las observaciones del CELS, haga clic aquí.