Hoy, 21 organizaciones de todo el mundo pidieron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exija a Estados Unidos la plena rendición de cuentas por las torturas, los tratos crueles y otras violaciones graves a los derechos humanos llevadas adelante de manera extendida y sistemática por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de ese país.
La solicitud se realiza luego de que la Comisión de Inteligencia del Senado de EEUU difundiera el resumen ejecutivo de su informe sobre estas prácticas en diciembre de 2014.
En este enlace (Chapter 57) se puede ver la lectura del pronunciamiento conjunto en Ginebra, que traducimos a continuación.
Esta sesión del Consejo es la primera luego de la divulgación del resumen del Programa de Detención e Interrogatorios de la CIA, a cargo de la Comisión de Inteligencia del Senado de EE.UU. El informe revela datos relativos a la perpetración de serios crímenes según la ley estadounidense e internacional, entre los cuales figuran la tortura, el asesinato ilegal, la desaparición forzada y las agresiones sexuales.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de desclasificar parcialmente y hacer público el resumen de dicho informe es un primer paso importante. Pero el informe también debe ser divulgado en su totalidad. Y la transparencia debe acompañarse de medidas que exijan la rendición de cuentas. La no conducción de una investigación criminal exhaustiva contribuiría a promover la idea de que la tortura sigue siendo una política admisible, a socavar los principios básicos del derecho internacional y a fomentar una cultura de la impunidad.
Estos despreciables actos de tortura, por momentos calificados como “técnicas de interrogatorio intensivas”, y otros horrendos crímenes eran parte de un coordinado y deliberado programa de gobierno autorizado por los más altos niveles de la administración Bush. Tales prácticas por parte de EE.UU. dañaron no solo a ese país, sino también a terceros, ya que el Programa de Detención e Interrogatorio de la CIA pagó a otros países para que albergaran cárceles secretas donde ciudadanos extranjeros eran torturados.
La impunidad sostenida en el tiempo es un oscuro capítulo de la historia norteamericana, que amenaza con socavar la prohibición universalmente reconocida de la tortura y demás tratos abusivos, y con transmitir a los agentes estadounidenses y extranjeros el peligroso mensaje de que los futuros abusos no tendrán consecuencia alguna.
El presidente Barack Obama dijo: “EE.UU. debe mirar hacia adelante, no hacia atrás.” Disentimos profundamente. Hacer justicia de cara a las víctimas ha sido posible aun en contextos postautoritarios, como demuestran ciertas experiencias en América Latina. El derecho internacional prohíbe garantizar inmunidad a los agentes involucrados en la tortura y no se puede invocar circunstancia excepcional alguna con miras a justificarla.
Por consiguiente, apelamos a EE.UU para que designe a un fiscal especial que investigue a los responsables de actos de tortura y demás abusos graves.
Este Consejo debe exigir no menos que una completa transparencia y rendición de cuentas en la materia. El mundo tiene mucho que ganar del rechazo de la impunidad, el retorno al imperio de la ley y el suministro de una adecuada compensación, que incluye la indemnización y el pedido de disculpa, para los cientos de personas que padecieron esos brutales abusos.
Firman la presente declaración:
American Civil Liberties Union (ACLU)
Arab Center for the Promotion of Human Rights (ACPHR)
Asian Legal Resource Centre (ALRC)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Center for Constitutional Rights (CCR)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
Conectas Direitos Humanos
Corporación Humanas
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP)
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
Human Rights Advocates (HRA)
Human Rights Watch (HRW)
International Federation for Human Rights (FIDH)
Liberty
Physicians for Human Rights (PHR)
Polish Helsinki Foundation for Human Rights
Reprieve
US Human Rights Network (USHRN)
Washington Office on Latin America (WOLA)
World Organisation Against Torture (OMCT)