El martes 7 de abril comenzará el juicio por las torturas y el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín juzgará por estos hechos a seis agentes. Otro permanece prófugo.
El 28 de enero de 2012, Patricio Barros Cisneros, de 26 años, esperaba la visita de su pareja. Como hacía calor y su novia había aguardado casi tres horas para poder entrar, el joven pidió tener la visita en un lugar fresco. Los penitenciarios se negaron y comenzó una discusión. De inmediato, entre siete y diez agentes penitenciarios, lo esposaron, le arrojaron gas pimienta y comenzaron a golpearlo. Recibió patadas y trompadas en todo su cuerpo. Un golpe le hundió el globo ocular dentro del cráneo. Uno de los agentes saltó con sus dos pies sobre su pecho. La golpiza ocurrió en un pasillo, delante de personal del SPB, de las visitas y de otros detenidos. Murió a la vista de todos.
De inmediato el Servicio Penitenciario Bonaerense difundió una versión oficial de los hechos que sostenía que Barros Cisneros se había golpeado reiteradas veces la cabeza contra unas rejas. Los testimonios demostraron que esa versión era falsa y la autopsia indicó que Patricio tenía más de treinta lesiones en la cabeza y en el cuerpo. El círculo de impunidad se rompió por la lucha de la familia y el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y de algunos funcionarios judiciales que se comprometieron con la búsqueda de verdad.
La tortura, el maltrato, la violencia y los problemas de acceso a la salud y a otros derechos básicos son una realidad que persiste en los lugares de encierro de nuestro país. Lo que le ocurrió a Patricio Barros Cisneros no fue un hecho aislado sino la consecuencia de prácticas que se reproducen dentro de los servicios penitenciarios, consentidas en muchas oportunidades por el poder político y judicial.
Según los datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 67% de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1% llegó a un juicio. Estos datos muestran las resistencias del Poder Judicial para investigar y sancionar los casos de torturas ocurridos en las cárceles. El juicio no sólo servirá para visibilizar las torturas y muertes en los lugares de encierro sino también para problematizar la respuesta estatal en estos casos.
El CELS representa a la familia de Patricio Barros Cisneros en este juicio trascendente para la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.