En abril de 2011, a pedido del CELS y de la Defensoría General de la Nación en representación de la Comunidad La Primavera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares que le ordenaron al Estado argentino “garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, La Primavera, contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la Policía, de la Fuerza Pública, u otros Agentes Estatales” e informar, de manera actualizada, sobre el avance de la investigación de la represión policial de noviembre de 2010.
Recientemente, el Estado argentino volvió a solicitar a la Comisión que levante las medidas cautelares. El viernes 14 de agosto, el CELS y la Defensoría General realizamos una nueva presentación para señalar por qué las medidas deben ser sostenidas. Retirarlas podría significar el agravamiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la Comunidad.
Como sostenemos en el escrito, en la provincia de Formosa se ha consolidado “un escenario de impunidad respecto de las fuerzas de seguridad responsables de la violenta represión del 23 de noviembre de 2010, al mismo tiempo que se intensifica notablemente la criminalización de Félix Díaz y otros miembros de la Comunidad”.
Respecto a la represión policial de noviembre de 2010 en la que resultó asesinado Roberto López, integrante de la Comunidad, es evidente la falta de voluntad del Poder Judicial de la provincia para esclarecer lo que ocurrió y sancionar a los responsables. Los dos únicos policías que habían sido imputados en la causa, a quienes se les atribuye la muerte de López, fueron sobreseídos. En este contexto, tal como señalamos en el escrito, “las medidas cautelares han sido determinantes para materializar el operativo de Gendarmería Nacional en el territorio e impedir así la intervención en tareas policiales diarias de aquellos miembros de las fuerzas provinciales que participaron en los graves hechos de represión del 23 de noviembre de 2010”. Aun cuando las características del operativo deben ajustarse y es imprescindible que con ese fin se reanuden las reuniones periódicas, “mantener la presencia de la Gendarmería en la zona es muy importante en atención a los pronunciados conflictos entre la policía provincial y la comunidad, que lejos están de resolverse en un escenario en el que –como destacamos en anteriores informes– además no se ha actuado con debida diligencia en la investigación de los hechos que dieran origen a estas medidas”.
Al mismo tiempo, en los últimos meses ha avanzado la criminalización de Félix Díaz, líder de la comunidad, a punto tal que hoy se encuentra en riesgo de ser privado de su libertad. En el caso de la represión de noviembre de 2010, sí avanzó la causa que investiga la responsabilidad penal de los integrantes de la comunidad indígena. Además, Félix Díaz está imputado en otras dos causas penales. En síntesis, el Poder Judicial de la provincia garantiza la impunidad de los integrantes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión y criminaliza a los integrantes de la comunidad. Esto muestra una situación grave de parcialidad, arbitrariedad y falta de diligencia en el esclarecimiento de los hechos.
Por estos motivos, es necesario que la CIDH sostenga las medidas cautelares ya que son fundamentales para la protección de la vida y la integridad física de los miembros de la Comunidad Qom Potae Napocná Navogoh- La Primavera y que el Estado Nacional y provincial les den pleno cumplimiento.
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