Hoy el CELS concluyó sus alegatos en el juicio por los delitos de lesa humanidad inscriptos dentro del Plan Cóndor. Luego de 16 años de tramitación, en este proceso dimos por acreditada la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana, brasileña.
El acta de fundación del Plan Cóndor está fechada el 28 de noviembre de 1975 y se realizó en Chile durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, convocada desde el día 25. Se rubricó con las firmas de los responsables de Inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo largo del juicio su cooperación para actividades represivas contra opositores políticos de los países miembro. Por otra parte, muchas de las actividades que consigna el documento ya se realizaban de forma bilateral.
También se probó que la coordinación represiva tuvo distintas fases. La primera supuso la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. La segunda fase consistió en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional. La última comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.
Los alcances del Plan Cóndor quedaron demostrados en su total magnitud. A casi cuarenta años del acta que dio origen al Cóndor, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 deberá evaluar la prueba y dictar una sentencia acorde. Muchos países, sobre todo los latinoamericanos, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia por delitos de lesa humanidad.
Los imputados
A lo largo de las audiencias pudimos probar que los imputados integraron una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de 106 personas, entre otros delitos, y que fueron responsables de las privaciones ilegales de la libertad por las que fueron acusados. Ellos son Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Carlos Horacio Tragant, Juan Avelino Rodríguez, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Luis Sadi Pepa, Rodolfo Emilio Feroglio, Enrique Braulio Olea y Manuel Juan Cordero Piacentini.
Finalmente, probamos la responsabilidad penal de Miguel Angel Furci por las privaciones ilegales de la libertad de 67 personas y los tormentos padecidos durante su cautiverio en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, el más importante campo de concentración para las víctimas del Plan Cóndor en Argentina.
Las pruebas
Si bien algunos países de la región avanzaron en enjuiciar operaciones del Cóndor, ninguno de esos procesos tuvo la profundidad de éste, en el que durante dos años y medio de audiencias más de doscientas personas dieron su testimonio. La causa actual permitió desplegar un cúmulo de prueba documental nunca antes visto en estos juicios y el análisis de los binomios represivos permitió trazar un vasto mapa de víctimas.
La prueba documental consiste en doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.
A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos: al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS y, en el año 2002, se llevó adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos.
Se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA, el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y, además, las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 causas tramitadas en el exterior.
El pedido de condenas
Solicitamos al Tribunal, en función de las víctimas y los familiares que representamos, que condene a Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Horacio Tragant, Santiago Omar Riveros, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Humberto Caggiano Tedesco a la pena de 20 años de prisión por el delito de asociación ilícita agravada y, en algunos casos, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas. Para Manuel Juan Cordero Piacentini pedimos la pena de 5 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad de María Claudia García Iruretagoyena, en base a los términos en que fuera extraditado. Se trata de un delito que tiene una pena de entre 1 y 5 años, no está agravado, por eso pedimos la máxima pena posible.
Y para Miguel Ángel Furci, la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas, en forma reiterada contra 67 personas, 24 de ellas doblemente agravadas por durar más de un mes, en concurso real con la imposición de tormentos agravados.
El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil, y Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representábamos a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.