La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas de José Pedraza y Juan Carlos Fernández y del resto de los imputados por el homicidio de Mariano Ferreyra. El fallo incrementó en ocho meses las penas para Luis Mansilla, ex jefe de la División Roca de la Policía Federal Argentina (PFA) y para Jorge Ferreyra, ex el jefe del Departamento de Control de Líneas de la PFA.
La investigación judicial del asesinato de Ferreyra, militante del Partido Obrero, y de las graves lesiones a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, comenzó el mismo 20 de octubre de 2010 apenas pasado el mediodía. Desde entonces, el proceso judicial mostró cómo se debe actuar ante este tipo de hechos. Con agilidad se instruyó una de las causas más complejas de la justicia porteña. En 2013, el TOC 21 condenó con un fallo histórico a los ferroviarios José Pedraza, Juan Carlos Fernández, Pablo Marcelo Díaz, Cristian Daniel Favale y Gabriel Fernando Sánchez, Jorge Daniel González, Salvador Pipitó, Claudio Alcorcel. También a los agentes de la Policía Federal Argentina Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti, David Villalba. Los ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y el subcomisario Rolando Garay fueron absueltos. Durante el juicio y en la sentencia mostró una trama de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, de las fuerzas de seguridad y grupos de particulares con poder de fuego.
Las escuchas telefónicas realizadas como parte de la instrucción registraron los intentos de José Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid, Juan José Riquelme y Ángel Stafforini de coordinar un intento de soborno. Esta maniobra buscaba direccionar el sorteo de la apelación de los procesamientos hacia la Sala III de la Cámara de Casación Penal, compuesta en ese momento por Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo con el fin de que resolviera de manera favorable la situación de los primeros imputados. Esto dio origen a otra causa en la que están involucrados José Pedraza, al juez Eduardo Riggi, otros jueces y funcionarios judiciales y un ex agente de inteligencia. Esta investigación ya pasó por veintiún jueces. La gran cantidad de inhibiciones y otras maniobras dilatorias muestran las resistencias del Poder Judicial para investigarse a sí mismo. En septiembre de 2012, el CELS denunció al juez Eduardo Riggi en el Consejo de la Magistratura. Hasta hoy, el trámite disciplinario no ha sido impulsado.
La confirmación de la sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra es un avance importante en la respuesta judicial efectiva en un caso de violación al derecho a la vida cometido por terceros con poder de fuego con la participación de agentes estatales en el contexto del ejercicio del derecho de protesta.