Hoy Estados Unidos tuvo que escuchar los cuestionamientos de sus pares en las Naciones Unidas sobre la impunidad que sigue reinando por las torturas y los otros crímenes cometidos por sus agentes de inteligencia, con el aval de funcionarios de altísimo rango, en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Estas prácticas ilegales, y la falta de rendición de cuentas posterior, son un golpe severo al sistema internacional de derechos humanos, al derecho internacional y al esfuerzo global para erradicar la tortura y las desapariciones forzadas.
Numerosos países y varias organizaciones sociales, entre ellas el CELS, exigieron que EE.UU. investigue los crímenes detallados en un informe de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado difundido en diciembre pasado, que juzgue a los responsables materiales y políticos y que adopte medidas de reparación para las víctimas. Esta discusión sucedió al finalizar el Examen Periódico Universal de EE.UU. en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Este examen consiste en la evaluación de la situación de derechos humanos en cada uno de los Estados Miembros de la ONU. Lamentablemente, muchas de las recomendaciones de países relacionadas con las torturas cometidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) fueron desestimadas por EE.UU., cuyos funcionarios argumentaron que ya se tomaron medidas suficientes para la rendición de cuentas.
El viernes pasado el CELS organizó con la American Civil Liberties Union (ACLU) y Washington Office on Latin America (WOLA) un evento paralelo en Ginebra para exigir la rendición de cuentas sobre las torturas cometidas por la CIA; adhieron al encuentro Amnesty International, Center for Constitutional Rights (CCR), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Participaron como panelistas Pablo de Greiff, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la ACLU. Además, en comentarios grabados, Mohammed al-Shoroeiya Ben Soud dio su testimonio sobre las torturas que sufrió en una prisión secreta de la CIA en Afganistán, donde estuvo detenido por más de dos años, sin ser procesado ni juzgado. Ben Soud estuvo encarcelado en absoluta oscuridad durante meses, privado de sueño y de alimentación adecuada y sujeto a torturas que incluían estar dentro de una caja pequeña parecida a un ataúd. Después fue trasladado a Libia (de donde había huido antes por miedo a la persecución política), donde fue detenido y torturado nuevamente.
Hay una iniciativa que crece a nivel global – desde los países, las organizaciones sociales y los mecanismos de protección de derechos humanos regionales y universales – para exigir verdad y justicia en estos casos. Se vio en el examen periódico de EE.UU. pero también en pronunciamientos del Relator Especial sobre la tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, entre otros. Asimismo, en junio, 100 organizaciones de todo el mundo pidieron que el Consejo de Derechos Humanos presione para que EE.UU. termine con la impunidad.
Algunas experiencias en América Latina como la de Argentina, Chile, Uruguay y Perú, demuestran que los procesos de justicia y las reparaciones frente a violaciones graves de derechos humanos son posibles e imprescindibles. La difusión de un resumen del informe del Senado estadounidense sobre los abusos perpetrados en el contexto del Programa de Detención e Interrogatorios de la CIA fue un primer paso. Pero hace falta difundir el informe completo, investigar profundamente los hechos, juzgar a todos los responsables y reparar a las víctimas. Solo así EE.UU. cumplirá con las obligaciones del derecho internacional y la comunidad internacional evitará la erosión de principios fundamentales de derechos humanos.