Por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatió el lunes con un panel de expertos la relación entre las políticas de drogas y los derechos humanos. En este intercambio con representantes de países y organizaciones sociales, se resaltaron los resultados negativos del actual sistema mundial de control de drogas, sobre todo para grupos determinados como los niños, las mujeres y las comunidades indígenas. También se destacó la necesidad de garantizar que las políticas de drogas respeten plenamente los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En este panel de expertos en Ginebra, el CELS y 16 organizaciones aliadas hicimos un pronunciamiento conjunto donde destacamos la importancia del informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ver A/HRC/30/65), que explicita los impactos en los derechos humanos de las políticas de drogas -impactos que el sistema internacional de control se ha resistido a abordar. Las perspectivas de los expertos y del informe serán aportadas a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), que se realizará en abril de 2016.
Esto debe ser sólo el comienzo, por lo que sugerimos propuestas concretas para profundizar y ampliar el aporte de las agencias de derechos humanos de las Naciones Unidas en las políticas de drogas.
El lunes por la mañana, el CELS coorganizó con Corporación Humanas un evento paralelo en Ginebra titulado ¿Por qué las políticas de drogas son un tema de derechos humanos? En el encuentro difundimos “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: La experiencia del continente americano”, un informe realizado por 17 organizaciones de 11 países.
Los panelistas del evento paralelo hablaron de distintos aspectos de las políticas de drogas y los derechos humanos. Gabriel Santos Elias del Plataforma Brasileira de Política de Drogas se centró en las violaciones cometidas en los centros de tratamiento privados en Brasil, donde muchas veces el tratamiento es obligatorio y se han reportado episodios de tortura. Andrea Huber de Penal Reform International sostuvo que las cárceles no son el entorno adecuado para abordar la dependencia de drogas y que al enfocar sus esfuerzos en las personas que consumen drogas o cometen delitos menores, los gobiernos no avanzan contra el crimen organizado. Damon Barrett del International Centre on Human Rights and Drug Policy habló de la Convención sobre los Derechos del Niño y el régimen de control de drogas. Recomendó hacer una investigación global para analizar este tema poco explorado. Finalmente, Luciana Pol del CELS abordó el impacto de la “guerra contra las drogas” en zonas de producción y tránsito, como en América Latina. Explicó que los conflictos y la violencia se van desplazando: los problemas que tuvo Colombia hace 20 años ahora se encuentran en América Central y México, donde hay cada vez más personas muertas, torturadas y desaparecidas.
Hace falta un cambio de paradigma para que las políticas de drogas tengan a la protección de los derechos humanos y a la reducción de la violencia como objetivos centrales. Para eso es fundamental el aporte y trabajo técnico que los organismos de derechos humanos de la ONU puedan desarrollar. En la implementación del sistema internacional de control de drogas los principios de derechos humanos deben prevalecer.