El CELS, en representación de las familias de Gastón Riva y Diego Lamagna, solicitó que se condene a Enrique Mathov, Rubén Jorge Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi a penas de hasta cinco años de prisión e inhabilitaciones especiales parar ejercer cargos públicos.
En el alegato el CELS explicó los roles activos que tuvieron cada uno de los imputados durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. El por entonces secretario de Seguridad Nacional, Enrique Mathov, tenía a su cargo la dirección política de la Policía Federal Argentina. Durante la mañana del 20 ordenó detenciones y en el transcurso de la jornada se mantuvo en constante comunicación con el entonces jefe de la PFA, Rubén Santos. Además participó del blanqueo de las detenciones ilegales que se producían con el estado de sitio. El ex jefe de la PFA impuso a sus subordinados las órdenes del Poder Ejecutivo nacional y dio las directivas estratégicas del operativo. El alegato remarcó que la conducción política de las fuerzas de seguridad priorizó evitar que los manifestantes llegaran a la Plaza de Mayo por sobre la obligación de proteger la vida.
El comisario mayor Norberto Gaudiero y el jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, Raúl Andreozzi, tuvieron un rol protagónico en la planificación, puesta en marcha, , coordinación y supervisión del operativo de acuerdo a las órdenes recibidas por sus superiores. Además tuvieron a su cargo las decisiones tácticas durante la represión.
Por otra parte, el 12 de noviembre el CELS presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia que aborda las circunstancias y decisiones del Estado que generaron el marco para una actuación policial indiscriminada y con consecuencias letales. Además de ofrecer una adecuada reparación a las víctimas y exigir condiciones para la no repetición de estos casos, se procura que los órganos del sistema interamericano puedan abordar los límites de la declaración e implementación del estado de sitio en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como fijar estándares en materia del uso de la fuerza en el contexto de la protesta social.
14 años después de ocurridos los hechos, las víctimas y sus familiares esperan que el Poder Judicial sancione a los responsables de la represión que ocasionó cinco muertes y graves heridas a cientos de manifestantes. Al mismo tiempo, es necesario que la sentencia brinde un mensaje firme respecto a la responsabilidad que tienen los funcionarios políticos y jerárquicos cuando dan órdenes ilegítimas que tienen como consecuencia graves violaciones de los derechos humanos.