La imposibilidad del acceso a la tierra y a la vivienda es el problema social más acuciante del país. Su abordaje requiere de políticas integrales y coordinadas que aseguren la vigencia del derecho a un hábitat digno. A lo largo del año, el CELS realizó acciones vinculadas a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. El 4 de diciembre coorganizamos con el Lincoln Institute of Land Policy el encuentro “Avances y desafíos del ordenamiento territorial y la gestión del suelo en la Argentina”, que se desarrolló como cierre del curso “Aspectos jurídicos de las políticas de suelo”.
Abrió el encuentro Daniel Soria, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que una gestión democrática y participativa de las políticas de suelo urbano es un elemento indispensable para avanzar en el efectivo cumplimiento de ese derecho y que es inviable la autorregulación de las dinámicas del mercado de suelo. En el mismo sentido, subrayó que la ley provincial de Acceso Justo al Hábitat es un instrumento que “reivindica la función del urbanismo social” y que el acceso a la ciudad es un derecho de incidencia colectiva que debe entenderse como la posibilidad del ejercicio efectivo del principio constitucional de igualdad.
Hernán Petrelli (UNLaM), Fernanda Levenzon (UNGS) y Sebastián Tedeschi (DGN) consideraron los alcances y limitaciones de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y de las propuestas de ordenamiento territorial del Consejo Federal de Planificación y de Habitar Argentina. Analizaron, además, la incorporación en el nuevo Código Civil y Comercial de los tratados internacionales de derechos humanos como fuente de interpretación, su impacto en las prácticas judiciales concretas, la necesidad de articular el ejercicio de los derechos individuales con la satisfacción efectiva de los derechos de incidencia colectiva.
La mesa final contó con Martim Smolka, director del programa para América Latina y miembro asociado del LILP, Paula Litvachky y Diego Morales, directores del CELS. Señalaron el valor y la necesidad de sostener y profundizar el diálogo y la articulación entre el urbanismo y el campo de los derechos humanos para desarrollar una agenda efectiva de incidencia frente al derecho a la ciudad y a los procesos de inclusión social en la Argentina y en la región.
El encuentro fue abierto al público y contó con la presencia de profesionales, activistas de los derechos humanos y del urbanismo, funcionarios de diversas municipalidades, miembros del poder judicial y del Ministerio Público.