La Asamblea General de las Naciones Unidas actualizó, por consenso, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, denominadas de ahora en adelante Reglas Mandela. Esta revisión, producto de cuatro años de trabajo, incorporó mejoras significativas a los estándares mundiales sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
La actualización de las Reglas busca brindar mayor protección a las personas privadas de libertad al limitar el uso del aislamiento, de las requisas, de las medidas de coerción y de las sanciones disciplinarias, requerir la inspección exhaustiva e independiente de los lugares de detención y exigir la investigación de todas las muertes y todos los posibles casos de tortura o malos tratos en el encierro. También explicitan pautas para la atención de la salud y los derechos de las personas con discapacidad, entre otros temas.
Las Reglas Mínimas son un parámetro sobre las condiciones de detención. En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el “Fallo Verbitsky” de 2005 estableció que toda detención debe adecuarse y respetar las pautas fijadas en las Reglas, dado que conforman el estándar de trato digno que exige el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires encontramos condiciones inhumanas de detención, generadas por sobrepoblación, altos índices de violencia y periódicas denuncias de malos tratos, apremios ilegales y tortura. Un escenario similar puede hallarse en el Servicio Penitenciario Federal y en otras provincias de nuestro país.
En las instituciones psiquiátricas de tipo asilar persisten situaciones de abandono, exclusión social y estigmatización. El uso de medidas de aislamiento, la sobre medicación como medio de control social, los abusos y las muertes que no son investigadas siguen caracterizando los lugares de encierro por razones de salud mental.
La actualización de las Reglas Mínimas debe servir para impulsar la adopción de políticas de prevención y sanción de la violencia que aseguren la vigencia de los derechos de las personas privadas de su libertad. En particular la puesta en práctica del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, organismo que deberá encargarse del monitoreo y cumplimiento en todo el país de estándares de derechos humanos como las Reglas Mandela.
El CELS junto con American Civil Liberties Union, Conectas Direitos Humanos, Corporación Humanas y Penal Reform International, entre otras, participamos desde 2011 en el proceso de revisión, incluso en las reuniones de expertos y sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CPDJP) de la ONU. Se generaron mejores estándares. No obstante, lamentamos que solo algunas de las áreas temáticas de las Reglas Mínimas fueron revisadas y otras discusiones importantes, como el uso de la fuerza en contextos de encierro, no fueron contempladas.
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