Hoy terminaron los alegatos del CELS, en representación de la querella unificada, en el tercer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 personas en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Se pidieron condenas a prisión perpetua para 51 acusados y para cuatro, penas entre 10 y 25 años.
La causa ESMA Unificada permitió desentrañar la estructura represiva de la Armada y las etapas que fue teniendo la represión criminal desde la ESMA, entre 1976 y el final de la dictadura. En el juicio contra 55 acusados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 se pudo arribar a pruebas sólidas gracias al análisis de los testimonios que se escucharon en el debate oral y el trabajo sobre los archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad –que fueron analizados por los equipos de relevamiento de los ministerios de Defensa y de Seguridad y por la Comisión de Memoria Histórica de la Cancillería.
A lo largo de las audiencias del juicio se investigó la etapa en la que las denuncias en el exterior contra las violaciones a los derechos humanos en la Argentina cobraban mayor relevancia. En ese momento, la dictadura emprendió una estrategia de intervención en esa “campaña anti-argentina” a través de acciones trianguladas entre la ESMA, la Armada con la Cancillería y la creación del Centro Piloto París que permitió organizar la persecución de opositores políticos fuera del país. En este juicio, además, se reconstruyó la estructura y dinámica de los vuelos de la muerte y se pudo profundizar en el funcionamiento de la ESMA como maternidad clandestina.
Algunos medios de comunicación tuvieron un rol complaciente con la dictadura cívico-militar, otros se identificaron ideológicamente con ella. Por ejemplo, pese a que había denuncias que permitían saber o, al menos, sospechar que las personas desaparecidas estaban alojadas en la ESMA, y eran torturadas y asesinadas, los medios difundían versiones “oficiales” de los hechos que hacían pasar las muertes como enfrentamientos. El papel de la Iglesia católica también quedó expuesto en este juicio con la cesión, por ejemplo, de la isla El Silencio para que en 1979 el Grupo de Tareas 3.3 la utilizara para ocultar a los detenidos-desaparecidos de la ESMA durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La isla fue propiedad del Arzobispado de Buenos Aires.
Las novedades que arroja este juicio afianzan la articulación entre justicia y verdad: hoy sabemos mucho más sobre el funcionamiento de la ESMA como centro clandestino de detención y tortura. La reparación de las víctimas y de la sociedad sólo es posible si el Estado cumple con las obligaciones de investigar, sancionar y reconstruir la historia.
Dentro de los casos que representa el CELS están los secuestros y desapariciones del grupo de la Villa del Bajo Flores, en el que estaba Mónica Mignone. También representamos a las familias de Ariel Ferrari, Alcira Fidalgo, Sergio, Hugo y Betina Tarnopolsky, Blanca Edelberg, Laura Del Duca, Pablo Lepíscopo y Fernando Brodsky, de Graciela García, Marta Álvarez y actuamos como organismo de derechos humanos.
Además, como querella unificada, alegamos en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Abuelas de Plaza de Mayo, de Isabel Teresa Cerrutti, Marina Girondo, Victoria Grigera Dupuy y Ramón Camilo Juárez (integrantes de H.I.J.O.S.) y de los querellantes patrocinados por la abogada Alcira Ríos y el abogado Pablo Llonto.
Antecedentes
Este centro clandestino ya fue objeto de dos juicios anteriores. En diciembre de 2007 se realizó el primero, con un único imputado: Héctor Febrés. Su muerte días antes de la lectura de la sentencia hizo que el juicio no pudiera continuar.
El segundo juicio comenzó a finales de 2009 con los 86 casos cuya investigación había quedado suspendida por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de 1986 y 1987. En esa oportunidad la causa 1270 se centró en el período represivo que estuvo bajo el dominio del Grupo de Tareas de Jorge Eduardo Acosta hasta 1979, y terminó con 16 condenados y dos personas absueltas.
Pedidos de condenas
Pedimos que se condenen a la pena de prisión perpetua a Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Alfredo I. Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gonzalo Torres de Tolosa, Jorge Carlos Rádice, Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevila, Ricardo Jorge Lynch Jones, Antonio Pernías, Rogelio José Martínez Pizarro, Enrique De Saint Georges, Eduardo Aroldo Otero, Juan Antonio Azic, Juan Carlos Fotea, Ernesto F. Weber, Claudio Orlando Pittana, Orlando González, Jorge Manuel Díaz Smith, Rubén Ricardo Ormello, Paulino Oscar Altamira, Juan de Dios Daer, Daniel Néstor Cuomo, Daniel Humberto Baucero, Héctor Francisco Polchi, Antonio Rosario Pereyra, Francisco Lucio Rioja, Jorge Luis Magnacco, Víctor Roberto Olivera, Eugenio Vilardo, Hugo Enrique Damario, Alberto E. González, Juan Carlos Rolón, Pablo E. García Velasco, Néstor O. Savio, Randolfo Agusti Scacchi, Juan Arturo Alomar, Rodolfo Cionchi, Carlos Eduardo Daviou, Miguel Ángel García Velasco, Guillermo Pazos, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Hugo Sifredi, Emir Sisul Hess, Francisco Di Paola, Luis Ambrosio Navarro, Rubén Oscar Franco, Alejandro Domingo D´Agostino, Mario Daniel Arru, Miguel Enrique Clements y Julio Alberto Poch.
Para Juan Alemann pedimos una condena de 10 años y 15 años de pena para Roque Ángel Martello. Para Mario Pablo Palet y Julio César Binotti, condenas de 25 años.