El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dio curso a la denuncia contra el Estado argentino por la detención de Milagro Sala presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
El 15 de diciembre el Fiscal de Estado denunció penalmente a Milagro Sala de instigación a cometer delitos y sedición, por participar de un acampe. El 16 de enero fue detenida de forma arbitraria por casi dos semanas hasta el 29 de enero, que el juez resolvió su excarcelación. Pero la dirigente de la Tupac Amaru no fue puesta en libertad ya que al mismo tiempo que por la mañana la excarcelaban, por la tarde se ordenaba su detención por otra causa iniciada durante la feria judicial, en la que se la acusa de defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita.
Como decimos en nuestro escrito, el gobierno provincial desarrolló una “profusa y activa estrategia estatal de hostigamiento y persecución penal de referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social de sectores populares en la provincia de Jujuy”.
La detención por esta segunda causa “se asemeja mucho a un intento de justificar su privación de libertad por la causa por la protesta con el objeto de que permanezca alojada en un centro penitenciario y, de esta manera, coartar su derecho a la libertad de expresión”.
Ahora el Estado nacional debe responder ante la Organización de las Naciones Unidas por la detención de la referente de la Tupac Amaru.