Ayer Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad y Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal, se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal, para acercarle un diagnóstico sobre los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, en especial en lo relacionado con el acceso al hábitat digno y las políticas de salud mental, seguridad y penitenciarias. En la reunión estuvieron presentes Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos y Fabián Perechodnik, secretario general de Gobierno.
La gobernadora compartió parte de las preocupaciones planteadas y se comprometió a habilitar canales de diálogo para discutir medidas concretas con funcionarios de su gabinete.
Los principales puntos del documento entregado entregado por el CELS a la gobernadora son:
Una política de hábitat con enfoque de derechos
El crecimiento de la provincia, de más de un millón y medio de habitantes cada diez años, demanda el desarrollo de una nueva política urbanística, de vivienda y de gestión del suelo capaz de reducir la informalidad y garantizar la plena implementación de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.
Frente al déficit de vivienda que afecta a un millón de familias, es necesario apoyar procesos de producción social del hábitat y promover la economía social. También, que se faciliten los trámites para la regularización dominial de los asentamientos informales y que se revierta la política tributaria bonaerense que premia la especulación inmobiliaria.
Políticas de seguridad y violencia policial
El sistema de seguridad de la provincia necesita reformas a partir de consensos y estrategias que no contrapongan seguridad y derechos humanos.
La Policía Bonaerense es una fuerza violenta, desprofesionalizada y marcada por la corrupción estructural, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos y de comportamientos mafiosos con fuerte capacidad de desestabilización. Entre las medidas específicas se mencionaron: reducción de la violencia letal y adopción de un programa de uso racional de la fuerza; mecanismos de control orientados a investigar los altos índices de corrupción de la bonaerense, su participación en redes de ilegalidad, incluido el narcotráfico y los patrones de violencia institucional; mecanismos que limiten la discrecionalidad policial en las calles y el hostigamiento a los jóvenes de los sectores populares.
Además, es necesario que la provincia reafirme el compromiso con el derecho a la protesta y con los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, a los que adhirió en 2011.
Política criminal y penitenciaria
El endurecimiento del discurso de la seguridad y la política criminal de la provincia ocasionaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) alcanzara en 2015 la mayor población privada de libertad en su historia. A pesar de las sobradas pruebas del fracaso de la mano dura, el encarcelamiento se tomó como indicador de efectividad y el uso de la prisión preventiva, como medida anti impunidad.
Es ineludible una reforma profunda del sistema penitenciario y del SPB, caracterizado por la corrupción y la desprofesionalización, con un funcionamiento violento y militarizado. Dentro de las unidades penitenciarias persiste la tortura y la lógica extorsiva de forma estructural, con redes capaces de jaquear la institucionalidad.
El Poder Ejecutivo provincial debe garantizar condiciones dignas de detención y dejar de alojar detenidos en comisarías.
Derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental
A más de cinco años de sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), a la que adhirió la provincia, la principal política pública para las personas con padecimiento mental continúa siendo la internación prolongada. De los cuatro hospitales públicos considerados por el Ministerio de Salud bonaerense en emergencia crítica, dos son psiquiátricos: Melchor Romero y Open Door.
Es fundamental la sustitución del hospital psiquiátrico por dispositivos insertos en la comunidad y una política de prevención de las muertes en contexto de encierro. Además, se debe formalizar y legitimar el Órgano de Revisión de la LNSM.
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