La postura argentina en la cumbre internacional sobre drogas de las Naciones Unidas fue ambigua. La canciller Susana Malcorra, jefa de la delegación del Estado argentino, sostuvo por un lado: “vemos con sumo agrado el nivel que ha alcanzado la comprensión y el consenso de que los derechos humanos son una parte esencial e indivisible para abordar y resolver el problema mundial de las drogas”. Por otro lado, alentó el “combate frontal al narcotráfico” y se refirió repetidamente al “flagelo” de las drogas, en línea con las posiciones más aferradas al paradigma vigente de la “guerra contra las drogas”.
Esta ambigüedad no se refleja en las políticas del Estado argentino que han priorizado la respuesta del sistema penal en desmedro de la salud pública y de la posibilidad de regulación y control de estas sustancias.
En enero el gobierno declaró una emergencia en seguridad y ha llevado adelante operativos policiales como el de la Villa 31 que estigmatizan barrios enteros. El sistema penal (la policía, las cárceles y la justicia) cotidianamente produce graves violaciones a los derechos humanos. Mientras que no se encare la revisión de la actual ley de drogas, seguirá existiendo una contradicción entre los objetivos de dedicar los esfuerzos a los grandes actores del tráfico y lo que pasa en la realidad: detención y encarcelamiento de personas vulnerables y actores menores.
Para lograr que las políticas públicas se centren en las personas, el Estado debe disponer de más recursos para la reducción de daños, la educación, la prevención y el trabajo territorial.
Aun cuando el proceso que culminó esta semana en la cumbre en Nueva York no logró avanzar en la revisión integral del sistema internacional que rige hace 40 años, quedó expuesto el quiebre del consenso sobre el paradigma prohibicionista. Este cambio exige a la Argentina la reforma de sus prácticas para el desarrollo de políticas enfocadas en los derechos humanos y la reducción de la violencia.