El miércoles 29 y el jueves 30 de junio, el Estado argentino será evaluado nuevamente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las autoridades nacionales, en un diálogo interactivo con los expertos independientes del Comité, responderán sobre los avances y las falencias respecto a las obligaciones que surgen del Pacto.
El CELS presentó un informe alternativo al Comité que analiza los principales aspectos que hacen a la vigencia de los derechos civiles y políticos en la Argentina, entre ellos:
• el proceso de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y cómo el Estado garantizará su continuidad y profundización
• la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y los sistemas penitenciarios y las políticas que implementará el Estado para revertirla. En particular, el informe alternativo se centra en la letalidad policial, los casos de desaparición forzada como forma extrema de la violencia policial, la llamada “emergencia” en seguridad, el protocolo de derribo de aviones y la persistencia de la tortura
• el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales
• el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, las facultades policiales de detención y el uso generalizado de la prisión preventiva
• las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y las violaciones de derechos humanos en contextos de encierro psiquiátrico
• la violencia de género y la necesidad de diseñar e implementar el plan nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, asegurar el registro de casos y garantizar el acceso a la justicia
• la vulneración del derecho a libertad de expresión, con énfasis en los tres decretos dictados a fines de 2015 que desarticularon la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y el acceso a la información pública
Además, en alianza con otras organizaciones, presentamos tres informes temáticos: uno sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se enfoca en la falta de garantía del derecho a la propiedad comunitaria, a la consulta previa y la grave preocupación por la criminalización de referentes de comunidades; otro sobre los derechos de la las personas migrantes personas migrantes, con eje en la necesidad de garantizar la plena vigencia e implementación de la Ley de migraciones 25.871 que establece el derecho humano a migrar; y un tercero sobre la situación del aborto en la Argentina que se refiere al caso paradigmático de Belén, una joven de 27 años privada de su libertad desde hace más de dos años por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público.
El diálogo interactivo entre el Estado argentino y el Comité de Derechos Humanos se realizará el miércoles de 10 a 13 hora argentina (15 a 18 de Ginebra), y el jueves de 5 a 8 (10 a 13 de Ginebra).
Están disponibles en inglés tanto el informe alternativo del CELS (see shadow report) como los informes conjuntos sobre los pueblos indígenas y las personas migrantes.