A través de su cuenta de Twitter el ministerio de Seguridad informó que se realizó una reunión entre ese ministerio, el ministerio de Defensa y miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas con el objetivo de un “trabajo coordinado para más seguridad”. El texto no brindó información precisa sobre los alcances de esa cooperación ni sobre qué asuntos relacionados con la seguridad se intentaría mejorar.
En una gacetilla enviada a la prensa el ministerio informó que en la reunión “se trataron diversos temas con el fin de establecer los procedimientos y acuerdos de futuras operaciones coordinadas con miras al fortalecimiento de la seguridad y el control de las fronteras de nuestro país, en donde las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico”. Este anuncio se suma a otras declaraciones y decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la declaración de “emergencia en seguridad” en enero de este año que amplió el rol de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, incluyendo la habilitación para derribar aeronaves que no se identifiquen.
Es preocupante la campaña que busca instalar la idea de que para “más seguridad” es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en la “lucha” contra el narcotráfico y el terrorismo.
La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales.
La Ley 23 554 de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín, producto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. Un arco similar se estableció en 1991 para la aprobación de la Ley 24 059 de Seguridad Interior, sancionada por el presidente Carlos Menem. Finalmente, la de Inteligencia Nacional fue aprobada también con gran acuerdo, en 2001, en los últimos días de la presidencia de Fernando de la Rúa. Las tres normas precisaron el marco regulatorio, y establecen que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las Fuerzas Armadas y desarticulan el conjunto de prerrogativas que tenían en materia de seguridad interior. Años más tarde, en 2006, el armado legal se completó con el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el presidente Néstor Kirchner.
En los países de América Latina en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en general, justificado con la retórica de la “lucha contra el narcotráfico”, las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado.
Para más información sobre este tema leer “Nuevos embates al principio de demarcación entre seguridad y defensa Lecciones de la historia de la Argentina y de la región”.