En la madrugada del 22 de agosto de 1972 un grupo de efectivos de la Armada fusiló a 19 presos políticos en la base Almirante Zar de Trelew; de ellos dieciséis murieron y tres lograron sobrevivir. Una semana antes, el 15 de agosto, 25 presos políticos se habían fugado de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. Seis habían logrado escapar hacia Chile y los otros 19 fueron recapturados y alojados en la base aeronaval.
El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino a prisión perpetua por sus responsabilidades en la Masacre y absolvió a Rubén Paccagnini y Jorge Bautista. El 19 de marzo de 2014, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y revocó las dos absoluciones.
En el juicio se demostró que el fusilamiento de los presos políticos fue el primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría contundencia durante la última dictadura cívico-militar. Los testimonios mostraron los vínculos entre las dictaduras de 1966 y 1976, no solo en los métodos empleados, sino también en la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de los presos políticos de comienzos de la década de 1970 fueron asesinados luego; otros –como dos de los sobrevivientes de la Masacre–, fueron secuestrados y desaparecidos.
Luego de la sentencia se inició una causa residual en la que se investiga a otros dos integrantes de la Armada que a lo largo del juicio aparecieron mencionados tanto en la prueba documental como en las declaraciones de testigos: Carlos Alberto Menéndez y Héctor Daniel Aristimuño. A ambos se les dictó falta de mérito en 2013. Hasta hoy, la justicia no definió la situación procesal de estos dos imputados.
El proceso de justicia por la Masacre de Trelew está aún abierto
Uno de los responsables del fusilamiento está fuera del país. Los sobrevivientes señalaron al teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo como uno de los ejecutores de la masacre. En 2009, Bravo fue localizado en Miami, ciudad en la que reside desde los años setenta y donde dirige RGB Group Inc., una empresa que vende servicios médicos a los departamentos de Defensa y de Seguridad de Estados Unidos.
A pedido de la justicia argentina, Bravo fue detenido en febrero de 2010 pero su extradición fue rechazada. En el alegato del juicio, el CELS solicitó que el estado argentino reitere el pedido de extradición y que Bravo sea deportado por haber mentido sobre sus antecedentes al ingresar a territorio estadounidense. En febrero de 2014 el juez Hugo Sastre reiteró la petición.
El 11 de marzo de este año enviamos una carta, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. al embajador de Estados Unidos en la Argentina, a pocos días de la visita al país del presidente estadounidense Barack Obama. Junto con el pedido de desclasificación de documentos sobre la Argentina correspondientes al período de la última dictadura, reiteramos nuestro reclamo de que se avance en la extradición de Bravo, para permitir su juzgamiento por los tribunales argentinos.