La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET), nucleadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema Inteligencia (ICCSI) y acompañados por la Asociación Pensamiento Penal y Poder Ciudadano presentamos una impugnación a los nombramientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como director y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Los pliegos de ambos serán tratados esta semana por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación en el marco de una reunión a la que han sido invitados los candidatos, pero sin la participación de la sociedad civil porque el reglamento no exige que se realice una audiencia pública. Por ese motivo, además de la impugnación, hemos presentado un pedido al presidente de la Comisión, Senador Rodolfo Urtubey, para que convoque a una audiencia pública.
Los argumentos para impugnar a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional se agrupan en dos ejes: en el análisis de sus perfiles a partir de los antecedentes que presentaron, los datos que surgen de revisar sus actividades previas y las causas judiciales en las que se encuentran involucrados; y, por otro lado, en las decisiones que Arribas y Majdalani tomaron desde que fueron nombrados en comisión en sus cargos.
Llama la atención que ni Arribas ni Majdalani tienen la formación ni la experiencia profesional adecuada y necesaria para desempeñar los cargos para los que se los propone. No han acreditado conocimientos específicos en cuestiones de inteligencia, seguridad, defensa o cualquier otra materia relacionada. Al mismo tiempo, tanto Arribas como Majdalani cuentan con numerosas denuncias judiciales y antecedentes que requieren una investigación seria antes del análisis de sus pliegos por parte de la Comisión y antes de que las y los senadores sean convocados a prestar su acuerdo.
Destacamos que los dos candidatos omitieron información muy relevante sobre su actividad privada y la que aportaron fue imprecisa e insuficiente para certificar los pocos antecedentes que consignan, soslayando el mecanismo establecido por ley para que los senadores puedan analizar sus postulaciones. Ambos candidatos ocultaron significativas participaciones en sociedades empresarias; antecedentes de ejercicio de cargos directivos que seguramente hubieran sido subrayados si la postulación fuera para cualquier otra institución. Cualquiera fuera el motivo, el ocultamiento es alarmante por sí mismo.
En el caso de Arribas, cuestionamos su perfil para estar al frente de la AFI porque lo único que explica su nombramiento es la relación de confianza con el Presidente de la Nación cuando su trayectoria privada ha sido en el negocio del fútbol a través de la participación en sociedades anónimas dedicadas a la compra venta de jugadores de fútbol. Arribas ha sido investigado por irregularidades relacionadas con esta millonaria actividad económica que es considerada por el GAFI, como una de las que facilita el lavado de activos y la evasión fiscal, mercados ilegales que la AFI debe investigar. No parece razonable poner al frente del órgano rector del Sistema de Inteligencia a quien tiene vínculos sospechados con esos mercados caracterizados por el flujo ilegal de dinero.
En el caso de Majdalani, señalamos su pobre desempeño como integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. Durante los tres años que ocupó la vicepresidencia de la Comisión fiscalizadora, Majdalani no hizo nada para controlar el funcionamiento del aparato de inteligencia, aun luego de que estallara la crisis del sistema a fines del 2014. Tampoco fue permeable a los pedidos de información ni abrió canales de acceso sobre las actividades de control de la Comisión cuando desde la ICCSI se requirió información tan elemental como la cantidad de reuniones realizadas en un año parlamentario. La Comisión se caracterizó por una total inacción. Nada sugiere que Majdalani vaya a ejercer ahora con seriedad la dirección del aparato de inteligencia cuando ni siquiera mostró iniciativa para controlarlo. Además, es de público conocimiento que Majdalani mantiene vínculos personales con cuestionados ex integrantes de los servicios de inteligencia que explican su permanencia en ese sector. Y, como si fuera poco, también ha sido denunciada a lo largo de su actividad pública en distintas causas judiciales que detallamos en la presentación, algunas vinculadas con su participación en sociedades comerciales que no fueron informadas en su CV.
Desde diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo ha tomado decisiones que lejos de tender hacia la democratización y transparencia del funcionamiento de los órganos de inteligencia han retrotraído los avances que, tardíamente y en el plano normativo, habían comenzado a ocurrir en 2015. El gobierno nombró a estos dos candidatos en Comisión y envió los pliegos para su acuerdo recién siete meses después de haberlos designado. Luego, sin fundamentos, derogó la estructura orgánica, los regímenes profesionales y el régimen de registro y control del uso de los fondos reservados de la AFI y hasta el momento se negó a informar con qué lo reemplazó, reeditando la vigencia “disciplina del secreto” para cuestiones que no deberían serlo. Al mismo tiempo, traspasó por DNU el sistema de escuchas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas medidas fueron tomadas durante la gestión, en comisión, de Arribas y Majdalani. Además, se conoció la contratación de personas en cargos clave vinculadas a gestiones muy cuestionadas de la ex SIDE y que indicarían un reacomodamiento del status quo. Estas medidas están lejos de representar los cambios que requiere una nueva institucionalidad y matriz de funcionamiento del sector inteligencia en nuestro país.
Como hemos visto en los últimos años, la oscuridad y ausencia de control; la falta de transparencia del uso de los fondos y las redes entre servicios de inteligencia, sectores del poder judicial y del poder político sólo tienen consecuencias negativas para el funcionamiento del Estado de derecho. Así se comprueba al analizar la participación de los servicios de inteligencia en gravísimos hechos de la historia reciente como el encubrimiento del atentado a la AMIA. Por lo tanto, la democratización de este sistema es un proceso impostergable con el que deben comprometerse todos los actores políticos.
En el control de idoneidad de quienes estarán a cargo de la AFI está en juego una parte importante de lo que ocurrirá en los próximos años con la gestión del sistema de inteligencia. La idoneidad no puede basarse únicamente en la confianza personal del presidente de la nación o en las afinidades partidarias. Puede abarcarlas pero no agotarlas. Por eso debe ser inadmisible para el Senado la falta de información en los pliegos de los candidatos. El sistema de inteligencia que nuestro país necesita requiere profesionales calificados que puedan demostrar su compromiso con los valores democráticos, con estándares de transparencia y acceso a la información y el respeto de los derechos humanos. No es el caso de ninguno de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, motivo por el cual solicitamos que las y los senadores realicen una evaluación sustantiva de los perfiles de los candidatos, investiguen sobre la base de la información aportada y no les brinden el acuerdo solicitado.
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asociación Pensamiento Penal
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Fundación Vía Libre
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)
Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET)
Poder Ciudadano
En este enlace encontrará los anexos a la presentación.