La destitución de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, votada hoy por el Senado de ese país, implica un nuevo retroceso para las democracias de la región con consecuencias negativas para los derechos humanos del pueblo brasileño.
Cuando el Congreso empezó a debatir la situación de Rousseff en abril pasado quedó en evidencia que los argumentos de los legisladores no tenían relación con el motivo formal de su suspensión en el cargo y el inicio del juicio político. A lo largo del proceso surgieron indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y debido proceso, que resultan preocupantes.
Desarrollar un proceso que condujo a la destitución de una presidenta democráticamente electa sobre bases tan frágiles es un hecho gravísimo. Como expresamos junto a otros organismos de derechos humanos de la Argentina en el momento de la suspensión de la presidenta Rousseff, este golpe institucional marca otro revés en América Latina, tras los hechos de Honduras en junio de 2009 y de Paraguay en 2012.
Por otro lado, en solo tres meses el gobierno de Michel Temer puso en marcha medidas que afectan negativamente la garantía de derechos conquistados en las últimas décadas. A la reducción del alcance de numerosos programas sociales se sumó la intensificación de políticas de seguridad de “mano dura” por parte del nuevo titular del Ministerio de Justicia, entre otras medidas preocupantes en materia de derechos humanos.
Con la decisión de destituir a Rousseff, el Senado consagró hoy un proyecto político y económico que no fue electo por el voto popular.