Hoy las máximas autoridades de los países de la ONU se reunieron para discutir los desafíos relacionados con la migración, pero sus diagnósticos y enfoques están lejos de lo que se necesitaría para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Se vive una crisis humanitaria en la zona del mar Mediterráneo, donde ya se murieron 3.200 personas en lo que va del año, y en otros lugares como el corredor de Centroamérica-México-Estados Unidos. Sin embargo, los Estados postergaron hasta 2018 cualquier plan de acción inmediata.
Los países se comprometieron a revisar las consecuencias negativas de sus políticas migratorias en la declaración adoptada hoy. Este compromiso es un primer paso adelante, pero no reconoce la responsabilidad que tienen las políticas migratorias restrictivas en esta crisis.
Cuando se militarizan las fronteras para controlar la migración y “proteger la seguridad nacional” se violan los derechos humanos de las personas migrantes. Las detenciones y expulsiones masivas no respetan las reglas de debido proceso y de análisis individual de los casos, y faltan políticas que aseguren mecanismos de acceso a la justicia frente a violaciones cometidas por los propios funcionarios o terceros. La declaración de los países evita profundizar sobre estos problemas y decepciona al promover mayor cooperación internacional para “controlar” las fronteras, desde una perspectiva de seguridad. También habilita la detención de los migrantes, incluso cuando sean niños y niñas.
Hay que transformar el paradigma de regulación de las migraciones: en vez de impedir, limitar, perseguir y criminalizar, es necesario garantizar condiciones de tránsito y permanencia dignas y seguras. Junto con otras organizaciones sostenemos que la regularización migratoria es una solución clave a la crisis de hoy. Cuando las personas migrantes obtienen su documentación pueden ejercer plenamente sus derechos y lograr mejores condiciones de vida. La regularización debe estar planteada al nivel internacional como una obligación de los Estados y un derecho de las y los migrantes. Los países discutirán las políticas de regularización en las negociaciones del Pacto mundial de 2018, pero hasta entonces no se prevé ningún avance concreto.
Respecto de la regularización, la región y en particular la Argentina tienen experiencias positivas para compartir. La ley de migraciones argentina elevó los estándares internacionales al centrarse en los derechos humanos de las personas migrantes. Como consecuencia, entre 2004 y 2014 casi un millón de personas pudieron regularizarse. El gobierno actual tiene la oportunidad de consolidar esta política de Estado, pero el anuncio de la apertura de un centro de detención para migrantes y otros cambios recientes en la aplicación de la ley prenden señales de alarma.
El CELS y la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) enviamos aportes a la declaración que los países adoptaron hoy en la sede de la ONU. Junto con otras organizaciones e instituciones de Argentina, Brasil, Chile y México y una red internacional, también contribuimos al informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado el viernes pasado.