El gobierno nacional presentó el documento “Argentina sin Narcotráfico” que resume acciones que se llevarán adelante en todo el país. En su discurso, el presidente Mauricio Macri afirmó que es necesario “ganar esta guerra”, en sintonía con otras ocasiones en las que sostuvo que las fuerzas armadas deberían tener un rol preponderante en relación con el narcotráfico y el terrorismo.
La denominada “guerra contra las drogas” es un modelo que ha fracasado en su promesa de terminar con la criminalidad organizada y que es responsable de violaciones a los derechos humanos en todos los lugares en donde se la llevó adelante. Los más de 150 mil muertos que ya causó en México, sin que el tráfico hacia Estados Unidos se redujera en forma significativa son elocuentes, aunque el presidente Macri haya afirmado que no le consta “que el gobierno de Peña Nieto no haya defendido como corresponde los derechos humanos”. El documento no reproduce esta retórica bélica en la que insiste el presidente pero, aunque contiene algunas iniciativas interesantes que deberían transformarse en reformas legales y acciones concretas, omite cuestiones estructurales. Se trata más de una acción de comunicación destinada a seguir instalando la idea de que hay un “flagelo” que azota a la Argentina que del desarrollo de un plan de política pública. La propuesta parte de considerar que la producción, el tráfico y el consumo de determinadas drogas constituyen un problema de gran importancia que requiere esfuerzos del Estado para “combatirlo”. Sin embargo, no se presenta un diagnóstico preciso de cada una de estas problemáticas, como si se pudieran abordar del mismo modo las estructuras criminales, las dinámicas de violencia asociadas a estas estructuras, los déficits institucionales y las problemáticas sociales. De esta manera, el documento no propone políticas concretas para abordar los problemas que están en la base del funcionamiento del mercado ilegal de las drogas: el prohibicionismo alienta negocios millonarios que funcionan, en buena medida, por la connivencia policial e institucional. En este sentido, llama la atención que “Argentina sin Narcotráfico” no incluya ninguna política destinada a la persecución penal del lavado de dinero, uno de los principales mecanismos de este mercado, ni se plantee como objetivo resolver el problema de la participación policial en las redes de ilegalidad.
- Estrategias frente al tráfico de drogas
- Le da un papel protagónico a las policías federal y provinciales. Sin embargo, no propone ninguna medida para desarmar la participación de esas fuerzas en las redes de ilegalidad. Apenas se habla de implementar un “programa contra la cooptación y corrupción del narcotráfico” sin especificar en qué consiste. La connivencia policial, política y judicial es un problema que no se reduce a la “falta de transparencia”.
- Mantiene como prioritaria la estrategia de ocupación policial. Según lo que se ha realizado hasta el momento, esta política se orienta a la intervención de las fuerzas de seguridad en barrios pobres y a un mayor control territorial, como ocurre, por ejemplo, con el plan de control poblacional.
- No tiene estrategias que busquen reducir los niveles de violencia de los mercados de drogas. Por ejemplo, no enuncia ninguna política para reducir la circulación de armas de fuego.
- No se propone ninguna discusión sobre formas alternativas de intervenir sobre los mercados de drogas como, por ejemplo, la regulación y la legalización del cannabis, estrategias que parten de considerar que el prohibicionismo alimenta la ilegalidad y la violencia.
- El sistema judicial no aparece con un papel protagónico, pese a la presencia en el anuncio del presidente de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, es llamativo que no haya participado ningún representante del poder del Estado responsable de la persecución penal. Coherente con ello, no hay una estrategia vinculada a la coordinación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Poder Ejecutivo para encarar una política de persecución penal de los delitos a gran escala. Tampoco sobre el rol del Poder Judicial para garantizar estos procesos y proteger los derechos de los consumidores criminalizados.
- No plantea una reforma de las fuerzas de seguridad del país. Lo mismo ocurrió en la declaración de emergencia en seguridad a principios de año cuando se incorporó el derribo de aviones como política contra el narcotráfico.
- Estrategias frente al consumo
- Se enuncia un valorable compromiso de no criminalizar el consumo. Hoy, este enunciado es difícilmente practicable. La no criminalización no depende del compromiso del Poder Ejecutivo sino del marco legal vigente. Terminar con la criminalización requiere un cambio legislativo, como ya fue indicado por el fallo “Arriola” de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación. Si eso no ocurre, el consumo seguirá siendo un delito y la criminalización, una realidad. Al mismo tiempo, la justicia federal continuará dedicando recursos públicos en causas contra consumidores en lugar de destinarlos a la persecución del crimen organizado. Sostener la estrategia de desfederalización de estas figuras abona en el mismo sentido, contrario a la no criminalización.
- Este compromiso requeriría un cambio de política que no se advierte en el discurso bélico del presidente entre cuyas consecuencias se encuentra, por ejemplo, el incremento de las detenciones a consumidores por parte de la Policía Federal Argentina.
- Si bien se plantean objetivos de prevención y abordaje integral de las adicciones no se informa qué recursos se destinarán a estas iniciativas ni cómo se equilibrará la asimetría entre el presupuesto destinado a reducir la oferta y lo destinado a trabajar sobre la demanda. Hoy en día los recursos están masivamente destinados a las políticas de seguridad, es decir al “combate” de la oferta. Las medidas anunciadas en la primera parte del documento sugieren que la inversión en la respuesta policial seguirá demandando la mayor parte del presupuesto. Políticas más balanceadas implicarían una reasignación de presupuesto para fortalecer las respuestas sanitarias.
En suma, se trata de una declaración de propósitos con tono electoral, sin elementos concretos que permitan analizarla como una política pública.