Ayer fue la séptima revisión del Comité CEDAW a la Argentina, en la que el gobierno debió responder sobre sus políticas para garantizar los derechos de las mujeres. Las expertas del Comité hicieron hincapié en la necesidad de que no se apliquen “políticas regresivas” y en las dificultades para garantizar la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer en el país. Las observaciones finales del Comité se publicarán el 21 de noviembre.
Algunos puntos analizados:
Aborto
El Estado reconoció que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en la Argentina, pero no dio información sobre acciones concretas para evitarlas, dijo no tener datos oficiales sobre cuántos de los abortos contemplados por la ley se realizan, ni cifras sobre abortos clandestinos. El Comité de la CEDAW invitó a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan. El Estado también dijo que era un desafío la implementación efectiva del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y no respondió cuando las expertas expresaron su preocupación por la decisión de la provincia de Buenos Aires de mantener vigente un protocolo de interrupción legal del embarazo restrictivo.
Mujeres, travestis y trans privadas de libertad
El Estado reconoció que no cumple las reglas internacionales de tratamiento de personas detenidas, como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok. Agregó que adoptaron medidas para garantizar la protección de las mujeres transexuales detenidas y que el recurso de la tobillera electrónica se está utilizando como alternativa a la detención. Solo respondió por el Servicio Penitenciario Federal y no brindó información sobre las provincias, sobre las que no hay datos públicos de cantidad de mujeres y travestis encarceladas. El Comité consultó por qué se externan a niños y niñas de las unidades penitenciarias sin escuchar a las madres.
Milagro Sala
Una de las integrantes del Comité se refirió al pedido del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de liberar de forma inmediata a Milagro Sala y preguntó a las representantes del Estado cómo se cumplirá con la solicitud. El Estado informó que cursó la información al Superior Tribunal de Jujuy, pero brindó información incorrecta cuando respondió que la decisión del GT había sido motivada por la causa de la protesta. El GT tuvo en cuenta todas las causas judiciales en base a información aportada por las organizaciones denunciantes y por el mismo Estado.
Travestis y trans
Las integrantes del Comité realizaron diversas preguntas sobre travestis y trans. Solicitaron al Estado datos sobre travesticidios y crímenes de odio contra la comunidad LGBT, sanciones a los responsables y apoyo a las víctimas. Qué programas hay para su inclusión laboral y para la población trans encarcelada. El Comité precisó, además, que la mayoría de las travestis y trans privadas de la libertad son migrantes y que la mayoría está presa por delitos vinculados a drogas. Respecto de los travesticidios y crímenes de odio, el Estado contestó que lleva un registro en la Secretaría de Derechos Humanos. Del resto de las preguntas, solo informaron sobre la población encarcelada en el Servicio Penitenciario Federal.
Violencia de género
El Comité resaltó la importancia del paro de mujeres convocado por Ni Una Menos y preguntó por acciones concretas. Pidió al Estado que asegure la coordinación entre los niveles federal, provincial y local en la implementación de leyes, programas y políticas. También consideró que el Consejo Nacional de las Mujeres debe tener rango ministerial y expresó preocupación por la discriminación persistente contra las mujeres en el acceso a la justicia.
El CELS presentó tres informes al Comité CEDAW con distintas organizaciones:
• El primer informe es la evaluación que hacemos sobre las acciones del Estado para eliminar las desigualdades entre los géneros.
• El segundo informe es sobre los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina. Por primera vez en su historia el Comité de la CEDAW recibió un informe de estas características.
• El tercer informe es sobre la situación del acceso al aborto en el país.