Otra vez las mismas recetas que demostraron ser inútiles para enfrentar el delito

El próximo miércoles se tratará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende modificar el actual régimen de excarcelaciones. Nos encontramos frente a un nuevo episodio en el que, ante el legítimo reclamo de la población por una vida más segura, se pretenden reducir las garantías constitucionales de los ciudadanos buscando implementar una vieja receta que ha fracasado en las últimas décadas, y de la cual no puede esperarse que esta vez sea eficaz.

El proyecto de ley presentado por los diputados Sergio Massa, Carlos Américo Selva y Raúl Joaquín Pérez, que la semana pasada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal con apoyo de diputados del oficialismo, busca restringir la libertad de las personas que no tienen condena durante el proceso penal. Una iniciativa de estas características no puede ser adoptada en una sesión parlamentaria realizada a las apuradas, sin información y sin debate. Necesariamente debe estar acompañada de una discusión profunda sobre los problemas que pretende saldar, la efectividad de sus propuestas y las consecuencias que va a tener sobre la situación actual del sistema penal.

En este sentido, el texto de la norma parte de considerar que cualquier persona que es detenida es culpable y por lo tanto se le puede aplicar una pena aún antes de que un juicio y una sentencia así lo consideren. De esta manera se consolidan la prisión preventiva como regla y la libertad como excepción. Una vez más, se intenta responder al reclamo legítimo de mayor seguridad con reformas legislativas que sólo generan más encarcelamiento y mayor nivel de violación de los derechos de las personas acusadas de cometer delitos, sin ninguna incidencia en los delitos efectivamente cometidos.

El proyecto de ley parte de un diagnóstico errado sobre el encierro. Afirma como verdad categórica la hipótesis de “la puerta giratoria”, algo que el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento en todas las jurisdicciones del país desmiente: la población carcelaria en la Argentina ha tenido en los últimos 20 años un aumento exponencial, pasando de 29.690 personas presas en el año 1997 a casi 70.000 en la actualidad. Incluso, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al reconocer la actual crisis penitenciaria sostuvieron que 2.200 personas ingresan detenidas al sistema penitenciario provincial al año, mientras que solo 700 egresan, lo que implica que muchos entran pero pocos salen.

Esta respuesta ante la inseguridad ya se ha utilizado en otras jurisdicciones como Mendoza, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires y no se logró reducir la tasa de delitos, que siguió aumentando, al mismo tiempo que los lugares de encierro colapsaron y personas que no habían delinquido pasaron largo tiempo detenidas. Particularmente en Mendoza, a partir de reformas que restringieron la libertad de los acusados y los condenados, en los últimos 5 años aumentaron los detenidos en un 69%, sin embargo los hechos delictivos en la provincia siguieron subiendo en un 19%.

Propuestas como éstas pretenden funcionar como atajos mágicos para resolver graves problemas sociales, en lugar de atacar las deficiencias institucionales de las políticas de prevención del delito y de combatir los defectos de las estructuras de investigación criminal. Para consolidar un sistema de justicia penal eficaz es indispensable antes que cualquier otra reforma, la implementación del Código Procesal Penal Federal aprobado y vigente hace casi dos años, cuya aplicación se sigue demorando, instar a las distintas provincias del país a promover la instauración de la oralidad plena en la administración de justicia y establecer que el jurado popular adopte la decisión final de condena en todos los casos criminales.

Señalar objeciones a las políticas impulsadas no significa negar los problemas que el delito y la inseguridad ocasionan, especialmente, en sociedades desiguales como la nuestra. Por el contrario, estas problemáticas afectan a toda la sociedad y en forma particularmente grave a los sectores de menores recursos. La respuesta a las demandas sociales en materia de seguridad debe darse en forma responsable, con diagnósticos serios y medidas que se traduzcan en políticas efectivas y respetuosas de la Constitución Nacional.