Pocas semanas después de la creación de la Policía de la Ciudad, una serie de hechos mostraron con claridad los problemas históricos de corrupción y violencia que arrastra la Policía Federal Argentina (PFA) y por los que ahora debe responder el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
Grupos de habitantes del barrio de Flores protestaron en la Comisaría 38 por hechos graves que atribuyeron a problemas de fondo: la antigua connivencia de esa comisaría con negocios ilegales y la existencia de “zonas liberadas”.
El GCBA respondió a estos reclamos con las tradicionales medidas de mayor presencia policial en las calles y mayor control poblacional. Otras opciones, como afrontar la corrupción policial y la connivencia de las fuerzas de seguridad con las redes delictivas o trabajar seriamente sobre el mercado ilegal de armas de fuego, fueron nuevamente dejadas de lado.
La zona sur concentra los mayores niveles de victimización de la ciudad. Según el último informe del Consejo de la Magistratura, en 2015 el 72,5% de los homicidios dolosos de la CABA se produjeron en las comunas de esta zona.
Como ha ocurrido en el caso del operativo Cinturón Sur, la saturación policial puede disminuir algunos tipos de delito pero sus efectos son transitorios si no se ponen en marcha reformas de fondo que transformen la actuación policial. Al mismo tiempo, si no se despliegan políticas de seguridad no policiales, las medidas pierden eficacia y la saturación territorial de policías se degrada en situaciones cotidianas de abuso hacia los habitantes de los barrios pobres. Con el tiempo, estas situaciones conducen a reforzar las dinámicas de violencia que se decía querer atacar.
El Gobierno de la Ciudad debe afrontar una situación muy complicada en la zona sur de la Ciudad, a medida que el Plan Cinturón Sur va siendo desmontado. Los problemas aumentarán si los prefectos y gendarmes van a ser reemplazados por la misma estructura intacta de la ex PFA que en su momento había sido desplazada de la zona por su corrupción y violencia.
En los últimos diez días ocurrieron graves casos de uso irracional de la fuerza por parte de efectivos de la ahora Policía de la Ciudad, uno de ellos con resultados letales, en zonas muy transitadas de la CABA como San Cristóbal, Parque Centenario y Boedo. En los tres casos, efectivos traspasados de la PFA dispararon contra supuestos ladrones que, según testigos, se encontraban desarmados o no representaban amenaza contra la integridad física de los policías. No hubo ningún mensaje político orientado a desalentar estas prácticas policiales. En el día de hoy, una persona de 28 años murió en Mataderos por balas policiales al quedar en medio de un tiroteo.
Las estructuras de control, investigación y sanción de la Policía Metropolitana demostraron ser muy débiles, en ausencia de una voluntad política explícita de controlar la violencia de esa fuerza. Hoy el Gobierno de la Ciudad no puede repetir ese esquema, ya que de hacerlo, con miles de ex policías federales bajo su jurisdicción los resultados serán mucho más graves.