El gobierno municipal de Tigre buscará sancionar mañana un proyecto de ordenanza para que los barrios cerrados sean aprobados directamente por el Poder Ejecutivo, sin tener que pasar por el Concejo Deliberante.
El proyecto contradice de forma flagrante lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, que detallan las competencias de los concejos deliberantes municipales.
Su aprobación además supone profundizar la falta de transparencia y arbitrariedad que han caracterizado los procedimientos de aprobación de los proyectos urbanos en la Provincia de Buenos Aires. Este manejo opaco explica la segregación, el déficit de infraestructura y los crecientes riesgos ambientales que sufren hoy los habitantes de la provincia.
Este modelo ha sido cuestionado por el Poder Judicial. El fiscal Fernando Domínguez, de la Fiscalía n°2 de San Isidro, emitió un dictamen poniendo en evidencia el vínculo entre el avance de las urbanizaciones cerradas sobre los ríos Luján y Paraná, y las graves inundaciones que ha sufrido la Provincia de Buenos Aires en los últimos años. A partir de este dictamen, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó suspender la construcción de desarrollos inmobiliarios localizados sobre ambas cuencas.
El CELS representa legalmente a los vecinos de Garrote, quienes iniciaron una demanda a la provincia, el municipio de Tigre y la empresa TGLT por el desarrollo del proyecto “Venice” en terrenos aledaños, que amenaza con empeorar las ya peligrosas inundaciones que sufre el barrio.
En este sentido Venice es un claro ejemplo de este modelo de urbanismo, que el gobierno de Tigre busca profundizar: a pesar de su fuerte impacto territorial y social, Venice nunca fue discutido en el Concejo Deliberante municipal, y las obras comenzaron meses antes de obtener los permisos correspondientes.