Entre mañana y fin de año, Milagro Sala será juzgada por dos hechos en los que está imputada de manera irregular.
El jueves 15 de diciembre comenzarán las audiencias del juicio por un episodio ocurrido en 2009 cuando un grupo de personas protestó contra el entonces senador Gerardo Morales, quien se presentó como querellante, condición que aún mantiene. Este proceso penal por los delitos de daño agravado y amenazas coactivas derivó en la imputación de Sala a pesar de que ella no estaba presente en el lugar en el momento de los hechos. La única prueba que hay para sostener que ella organizó la protesta son las declaraciones de dos testigos que fueron aportados por el hoy gobernador Morales.
En el segundo juicio, contravencional, que comenzará el 23 de diciembre, Sala está acusada por un acampe en el que muchas organizaciones se manifestaban en contra de decisiones tomadas por Morales en el momento de asumir la gobernación. El juez a cargo de este proceso, Matías Ustarez Carrillo, fue designado por Morales apenas asumió. En paralelo a este proceso contravencional, Sala afronta una causa penal por el mismo hecho, en la que está imputada por sedición e instigación a cometer delitos. Es por esta causa penal que continua abierta, que Sala fue detenida el 16 de enero imputada por manifestarse en la vía pública. Es decir que podría ser juzgada dos veces por el mismo episodio de protesta social.
Las autoridades del gobierno nacional y de la provincia de Jujuy y distintos referentes de partidos políticos han tratado de instalar la idea de que el encarcelamiento de Milagro Sala es un asunto de sentido común que se deriva de manera natural de los delitos que habría cometido y que puede ser sometido a la opinión de la mayoría. Esta idea no se corresponde con el funcionamiento del Estado de Derecho que exige una decisión judicial respetuosa de las garantías constitucionales para justificar cualquier forma de encarcelamiento. Esta campaña muestra, además, en qué medida la situación actual de Sala, quien lleva once meses privada de su libertad, se respalda únicamente en la voluntad persecutoria de las autoridades. Como lo determinó el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, hace ya un mes y medio, desde que Morales asumió la gobernación hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” y un despliegue de causas judiciales destinados a sostener la privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El pedido del Grupo de que Sala sea liberada inmediantamente fue respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
Como también lo sostuvo el Grupo, la persecución política contra Sala ocurrió en un contexto de vulneración de la independencia judicial. Un ejemplo de la discrecionalidad judicial en Jujuy es el hecho de que el Tribunal Oral Federal que realizará tres audiencias en una misma semana para juzgar a Sala es el mismo que realiza una sola audiencia semanal de pocas horas en el juicio de la causa Tumbayá, en el que hay 15 imputados por crímenes de lesa humanidad por los cuales las víctimas esperan justicia desde hace más de 40 años. El mismo tribunal decidió, también, postergar cinco meses el inicio del juicio por la Noche del Apagón que debía comenzar el 6 de octubre.
Tal como lo afirma la CIDH, criminalizar la protesta social “es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”1. Además de afectar a las personas que deben atravesar procesos judiciales y a las organizaciones a las que pertenecen, la criminalización tiene un efecto intimidatorio: busca desalentar la manifestación pública y la organización social y política.
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1 Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 2006.