La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer sobre el cumplimiento de su fallo de 2008 por la contaminación del Riachuelo.
La sentencia de seguimiento reafirmó lo que la Corte dijo ocho años atrás: es necesario mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente -agua, aire y suelos- y prevenir daños futuros. Ayer la Corte reclamó a la ACUMAR, la autoridad encargada de la gestión de la cuenca, que adopte medidas para resolver los problemas pendientes como la calidad del agua y el aire, los basurales, la limpieza de los márgenes, la relocalización de las familias ubicadas en el camino de sirga y la urbanización de las villas y los asentamientos precarios, la extensión de las redes de agua y saneamiento, el control de los vertidos industriales y políticas de salud para los habitantes de la zona. Además, le exigió la elaboración de indicadores precisos y metas de cumplimiento para evaluar cómo se modifica en el tiempo el estado actual de la cuenca.
Para implementar la decisión de seguimiento, es necesario que ACUMAR incorpore una perspectiva de derechos humanos que identifique con claridad los derechos económicos, sociales y ambientales que están siendo vulnerados y asegure formas adecuadas y efectivas de participación de aquellas personas que viven en la cuenca. De este modo se podrá, en primer lugar, reformular las políticas y acciones, los indicadores y el cronograma de cumplimiento de metas con una mirada integral e integradora y, en segundo lugar, fijar las prioridades. Como dijimos en el escrito presentado ante la Corte en la última audiencia: “Esto supone poner en juego de manera articulada un conjunto amplio de principios y de criterios de actuación en los que el bienestar humano no sea considerado como un componente complementario y subordinado al crecimiento económico, sino priorizado y jerarquizado como elemento principal y articulador del conjunto. De lo contrario, el plan seguirá siendo -como ha sido el PISA hasta ahora- una herramienta ineficiente para la recomposición ambiental y la integración de los distintos sectores sociales”.
Desde esta perspectiva los problemas de la cuenca deben comprenderse como el resultado de procesos socio territoriales complejos e interrelacionados que no se pueden abordar con acciones inconexas. Dos ejemplos: 1) El cumplimiento del derecho al agua no puede hacerse efectivo sin la interrelación de políticas de inversión pública en servicios, ordenamiento territorial, satisfacción de una vivienda digna y preservación de espacios naturales que cumplan servicios ecológicos vitales. 2) ACUMAR siempre resolvió el problema de los basurales con acciones de saneamiento pero sin abordar a los actores involucrados ni las causas socio económicas de su reproducción, con lo cual siempre está limpiando el último basural que se formó y no evitando la formación de nuevos.
Entender estos problemas como un conjunto de derechos vulnerados exige medidas articuladas que ataquen los procesos que dañan la cuenca. Esto implica cambiar de manera cualitativa cómo se llevan adelante las políticas de ACUMAR. Para ello, además, hace falta convertir a la institución en una verdadera autoridad capaz de coordinar en el territorio la compleja relación entre catorce municipios, el gobierno provincial, la capital del país y los múltiples organismos del gobierno nacional que intervienen. Esto supone rehacer los acuerdos políticos entre las jurisdicciones para facilitar la articulación entre las gestiones que hoy se despliegan sin una lógica que responda a los objetivos del fallo y a las órdenes fijadas en la sentencia de seguimiento del día de ayer.