Milagro Sala está presa de manera arbitraria desde hace un año. El 16 de enero de 2016 fue detenida por haber participado de un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. Esta causa penal por el ejercicio del derecho a la protesta se inició a pedido del gobernador Gerardo Morales.
En octubre de 2016, después de analizar todas las causas judiciales que se abrieron o se reactivaron en contra de Sala desde que asumió Morales, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas afirmó que desde diciembre de 2015 hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” y un despliegue de causas judiciales destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida en el tiempo.
Esta situación se mantiene hasta el día de hoy. Milagro Sala está detenida preventivamente y esto viola garantías del debido proceso y su presunción de inocencia. A esto se suman dos condenas -una penal y otra contravencional- por hechos de protesta que tienen consecuencias negativas para el ejercicio de este derecho.
En un caso, fue condenada penalmente por una manifestación contra Gerardo Morales ocurrida en 2009 en la que ella no estuvo presente.
En otra causa contravencional -por el acampe en Jujuy- recibió como condena una multa y la inhabilitación para participar en organizaciones sociales y agrupaciones políticas por un periodo de tres años y tres meses y se ordenó la clausura de la sede de la Tupac. Por ese mismo hecho Sala tiene una causa penal y podría afrontar otro juicio exclusivamente por protestar.
Como también lo señaló el Grupo de trabajo de la ONU, los procesos contra Sala ocurrieron en un contexto de vulneración de la independencia judicial debido a que varios funcionarios judiciales y contravencionales que intervinieron en las causas en las que Sala está involucrada fueron designados por el gobernador Morales.
El Grupo de Trabajo finalmente concluyó que en ninguna de las causas penales que hay en su contra las autoridades judiciales pudieron justificar adecuadamente que es necesario mantener presa a Sala porque existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
El pedido del Grupo de Trabajo de que Sala sea liberada inmediatamente fue respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) se pronunciaron en igual sentido El Gobierno nacional ha decidido incumplir estas decisiones y sus compromisos internacionales.
Al mismo tiempo que esto ocurre con Sala y la Tupac Amaru, durante el último año se ha consolidado en Jujuy un escenario de alarmante vulneración del derecho a la protesta: las respuestas del Estado jujeño al conflicto social incluyen la activación de un sistema contravencional diseñado para silenciar el disenso, la represión de manifestaciones y la persecución y criminalización de organizaciones sociales y gremiales.
Hoy, un año después de su primera detención, la privación de la libertad de Milagro Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada, de la prohibición a ser juzgado dos veces por el mismo hecho y de la prohibición de ser investigado por comisiones ad hoc.
Amnistía Internacional
Centro de Estudios Legales y Sociales
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales