Esta semana distintas fuerzas de seguridad reprimieron a los integrantes de la comunidad mapuche Lof Cushamen, de Chubut. Fueron tres operativos violentos, que ocasionaron heridos, pusieron en riesgo la vida y la integridad de sus miembros.
Hoy solicitamos al Ministerio de Seguridad de la Nación la adopción de medidas urgentes de protección, investigación y sanción respecto a lo ocurrido en la comunidad mapuche y los hechos graves de represión, criminalización y hostigamiento de los que son víctimas sus integrantes. Además le solicitamos que se abran canales de solución política del conflicto territorial.
Los recientes hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la comunidad son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo. El gobierno nacional considera que el tipo de conflictos como el que protagoniza la comunidad mapuche son amenazas para la seguridad de la Nación y los asocia con actividades terroristas. Ante la orden de desalojo del juez federal Otranto del territorio cuya propiedad se disputan la empresa trasnacional Benetton y la Comunidad de Resistencia Mapuche, la intervención violenta de la Gendarmería Nacional generó que la provincia de Chubut se sienta habilitada a intervenir ferozmente.
Las causas penales abiertas para criminalizar los reclamos mapuches son los desencadenantes de las tres represiones sufridas por la Comunidad en estos últimos días. Hay un hilo conductor entre la idea discriminatoria de que los indígenas son una amenaza terrorista, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas, la actuación ilegal de las fuerzas de seguridad y la persecución criminal a sus líderes.
Los integrantes de la comunidad Lof Cushamen deben ser protegidos. Los sucesos de los últimos meses evidencian un especial ensañamiento por parte de las fuerzas de seguridad contra quienes promueven y sostienen el reclamo territorial y comunitario.
Puede leer el petitorio presentado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, la Comisión Provincial por la Memoria, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y el CELS en este enlace.