Ayer a la tarde, siete personas que estaban bajo la responsabilidad del Estado de la provincia de Buenos Aires murieron calcinadas. Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre estaban detenidos en una comisaría de Pergamino y fallecieron porque quedaron encerrados en un incendio. Según las primeras versiones, murieron por la absoluta negligencia estatal, en una situación de violencia, atrapados en un lugar del que no pudieron salir, sin ayuda y sin un plan para este tipo de emergencias que pueda proteger a los detenidos.
Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia. Por ejemplo, en esa comisaría estaban detenidas personas con causas por delitos menores como tentativa de hurto agravado, daño agravado, lesiones culposas o encubrimiento.
El alojamiento de detenidos en comisarías está prohibido desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky” en 2005 que declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional porque allí no se pueden garantizar condiciones dignas de detención. Estableció además que debía revisarse el uso abusivo de la prisión preventiva.
Luego del fallo, y de un largo proceso de implementación, la cantidad de personas detenidas en estos establecimientos se había reducido a 600 personas. Pocos años después, el endurecimiento de la política criminal en la provincia de Buenos Aires llevó a un nuevo aumento y cambio de tendencia. La presión sobre el sistema penal lleva al incremento de la tasa de encarcelamiento y esto inevitablemente culmina con personas alojadas en comisarías en forma permanente.
En el último año, el hacinamiento empeoró. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, la tasa de encarcelamiento aumentó 13 puntos: pasó de 210 a 223 detenidos cada 100 mil habitantes. Hoy, según datos del SPB, la población privada de libertad en la provincia es de 38089 personas. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 hubo 3000 personas detenidas más. El sistema penitenciario no puede resistir este aumento cuya consecuencia es el hacinamiento, el trato inhumano y la violación de los derechos humanos en los lugares de detención provincial.
En cuanto a las comisarías, en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014. Según los datos oficiales, hay 1105 camastros. Es decir que hoy en la provincia hay un 172,8% de sobreocupación de lugares en los que no debería haber nadie alojado. A pesar de la declaración de emergencia penitenciaria declarada por el Poder Ejecutivo no se avanzó en un plan para desalojar las comisarías sino que, por el contrario, se previó refaccionarlas o encontrar otros lugares para alojar a quienes no tienen cupo en las unidades penitenciarias.
La solución es el cambio de la orientación de la política, no la construcción de más lugares de detención porque como lo dijo la Corte Suprema en 2005, “se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen, lo que impide hacer cesar la violación de derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida y a la integridad personal de los presos, del personal de custodia y de terceros.”
En el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico 2016-2026, el propio gobierno reconoció que “la provincia de Buenos Aires recibe anualmente alrededor de 2.200 internos, mientras que la tasa de recambio del sistema es de unos 600. Ello, sumado a un índice de encarcelamiento alto (por encima de la media nacional) deriva en el agravamiento de la situación a futuro”. Esta reflexión es totalmente contradictoria con políticas que impactan en una suba importante de las detenciones y de la tasa de encarcelamiento.
Las muertes ocurridas ayer son el resultado de este cuadro de situación, responsabilidad de los tres poderes del Estado de la provincia que endurecen el sistema penal, no controlan adecuadamente lo que ocurre en el sistema penitenciario y las comisarías y no protegen los derechos más básicos de las personas bajo su cuidado.
Ahora, es necesario que el ministerio público investigue lo ocurrido con celeridad y seriedad para que a este gravísimo escenario no se le agregue la impunidad de los responsables. Hace 11 años, el 12 de octubre de 2005, la represión del SPB ante una protesta y el fuego desatado en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28 de Magdalena provocaron la muerte de 33 personas. Los penitenciarios no abrieron las puertas. Recién en agosto de este año, 15 agentes del SPB serán juzgados por abandono de persona con resultado de muerte y 2 jefes de la unidad, por el homicidio culposo de los detenidos. Hasta ahora las familias de los 33 fallecidos esperan justicia.
Es momento también que la provincia de Buenos Aires discuta una ley de control de sobrepoblación que permita revertir esta crisis humanitaria en las cárceles y comisarías bonaerenses.
