Se presentó Sobrecriminalizados y desprotegidos. Jóvenes de sectores populares, policía y fuerzas de seguridad una investigación de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que junto con la Fundación Igualar documentó y analizó este fenómeno en Rosario, durante los años 2014 a 2016.
En esa ciudad son los jóvenes de los barrios populares quienes engrosan las estadísticas de homicidios. Transitan su vida adolescente detenidos, intimidados, cacheados, manoseados, golpeados, maltratados y humillados por la policía y las fuerzas de seguridad, tanto dentro como fuera del barrio, del que les cuesta salir sin terminar presos.
La sobrecriminalización se imprime en prácticas de hostigamiento, de casos graves de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Estos jóvenes también son desprotegidos porque sufren la desatención policial, judicial, política y social, en una situación de infraprotección que resulta de la distribución diferencial en el territorio, tanto de la victimización como de las reacciones institucionales.
Las victimizaciones que sufren los jóvenes, y en especial la violencia institucional, son sistemáticamente negadas por Estado, ya que, por un lado, no se produce información sobre el fenómeno y, por otro lado, no existen políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción. Los jóvenes tampoco denuncian por distintas razones. Algunos están convencidos de que no va a pasar nada si lo hacen y otros por temor a represalias, a la falta de protección para los denunciantes y testigos, al desconocimiento de instituciones estatales a las cuales recurrir en busca de asesoramiento y acompañamiento, a las inexistentes, ilegales, inadecuadas, tardías o boicoteadas investigaciones judiciales de los hechos, a condenas que no se corresponden con la gravedad del delito cometido, a la falta de confianza en las autoridades responsables de llevarlas adelante.
La investigación se realizó en el marco del proyecto “Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina”, ejecutado por el CELS con apoyo de la Unión Europea.