En sus observaciones finales tras concluir una evaluación del país, los expertos del Comité subrayaron la práctica recurrente de la tortura y exigieron desmilitarizar los servicios penitenciarios. Condenaron las situaciones de autogobierno y extorsión dentro de las cárceles que fomentan la violencia entre los detenidos y la tortura. Y reclamaron la conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura con miembros independientes e idóneos.
El Comité (conocido como el CAT) también cuestionó el aumento sostenido de la población penitenciaria que exacerba la sobrepoblación. A partir de la muerte de siete detenidos en una comisaría de Pergamino en marzo pasado, reiteró la prohibición de usar dependencias policiales como lugares de detención permanente. En este contexto rechazó el intento de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución penal, que imposibilitaría el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, e impactaría en el preocupante hacinamiento ya existente.
El CAT condenó las prácticas policiales abusivas y las detenciones sin orden judicial de jóvenes de barrios populares. Exhortó al Estado a “garantizar un proceso judicial efectivo e imparcial” en el caso de torturas infligidas a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro por agentes de la Prefectura Naval en la Villa 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Remarcó los malos tratos de las fuerzas de seguridad a las personas trans y travestis, migrantes y afrodescendientes. E instó al Estado a derogar el DNU 70/2017 que facilita la detención y acelera la expulsión de las personas migrantes. Finalmente, los expertos del Comité destacaron los logros del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina pero alertaron sobre las demoras en las causas judiciales y el reciente debilitamiento de las dependencias estatales que apoyan sus investigaciones.
El CELS remitió al CAT un informe alternativo, su resumen ejecutivo y dos informes elaborados con otras organizaciones, sobre los retrocesos en materia de política migratoria y la situación del acceso al aborto. También participó de las sesiones de evaluación de la Argentina en Ginebra el 26 y 27 de abril.
Destacamos a continuación las principales preocupaciones del Comité:
Tortura como práctica recurrente, impunidad, Sistema Nacional de Prevención
-El Comité subrayó “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”.
-Criticó el uso de las requisas vejatorias y los traslados arbitrarios de detenidos como forma de castigo y el uso frecuente del aislamiento sin control judicial.
-Notó que la violencia entre detenidos responde a estructuras de autogobierno y extorsión dentro de las cárceles, con la connivencia de agentes penitenciarios. Urgió a desmilitarizar el servicio penitenciario y a “transformarlo en un modelo institucional de naturaleza civil”.
-Se remarcaron las deficientes investigaciones judiciales, que suelen apegarse a la versión oficial que aportan el personal policial y penitenciario y “la errónea calificación de los hechos en figuras delictivas más benignas”.
-El CAT instó al Estado a garantizar que los presuntos autores de tortura sean suspendidos de sus funciones inmediatamente, a establecer un sistema de protección de las víctimas y los testigos de actos de tortura y a adoptar medidas disciplinarias contra los agentes estatales que los amenazan o les toman represalias.
-Exigió la investigación de todas las muertes de personas detenidas y la creación de un sistema único de registro de muertes a nivel nacional.
-Reclamó la plena implementación del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura. En particular, la urgente conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la designación de miembros independientes e idóneos. Instó a avanzar en la creación de los mecanismos provinciales de prevención de la tortura y a “dotarlos de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”.
-Se expresó preocupación por la prohibición de ciertos gobiernos provinciales a permitir que los organismos de control ejerzan su rol de protección de los detenidos.
Grave aumento de la población penitenciara, su impacto y rechazo a la reforma de la Ley 24.660
-Los expertos del comité remarcaron el aumento sostenido de la población penitenciaria a partir del 2009, que ha agravado los niveles de sobrepoblación y resultado en el estado de emergencia penitenciara en la Provincia de Buenos Aires. También notaron el uso excesivo de la prisión preventiva en el país.
-Subrayaron que la sobrepoblación impacta en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y el acceso a la atención médica, entre otras cosas.
-Exigieron poner fin a la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos.
-Instaron al Estado desarrollar una metodología para determinar la capacidad de los lugares de detención conforme a los estándares internacionales.
-Rechazaron el proyecto de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad por impedir el acceso a las salidas anticipadas y agravar el hacinamiento.
Violencia policial, detenciones arbitrarias y tratos discriminatorios
-Condenaron las detenciones policiales sin orden judicial, especialmente de jóvenes y menores de edad de sectores sociales marginados, que suelen realizarse de forma violenta y arbitraria. En particular las detenciones por averiguación de identidad.
-Exhortaron restringir las detenciones a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Bulacio c Argentina.
-Los miembros del Comité expresaron preocupación por “las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”.
-También cuestionaron los malos tratos a personas afrodescendientes y migrantes de otros países latinoamericanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Condena a los cambios a la Ley de Migraciones
-El Comité instó a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que debilitó las garantías de la Ley 25.871 ante órdenes de expulsión y amplió los supuestos de detención por razones migratorias.
Regresiones en el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad
-Los integrantes del Comité expresaron preocupación por las demoras en la tramitación de causas pendientes y el debilitamiento de dependencias estatales que dan apoyo a sus investigaciones.
-Pidieron que el Estado diseñe estrategias para agilizar el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y para proveer los recursos necesarios. Además urgió a mantener las políticas de memoria mediante la preservación de archivos y sitios de memoria.