El miércoles 8 de junio la canciller alemana Angela Merkel visitó el Parque de la Memoria y participó de un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Vera Jarach -madre de Franca, secuestrada y desaparecida en junio de 1976 cuando tenía 18 años- habló con Merkel. Luego, organizaciones que trabajan en derechos humanos en Alemania y la Argentina le dieron una carta.
Estimada Sra. Canciller:
Habiendo tomado conocimiento por parte de los organismos de Derechos Humanos argentinos aquí firmantes de su visita al Parque de la Memoria de Buenos Aires, quisiera, en mi condición de representante del European Center for Constitutional and Human Rights con sede en Berlín y de la Coalición alemana contra la Impunidad, llamar su atención sobre dos aspectos de la historia germano-argentina en ocasión a esta visita tan especial.
En el predio del Parque de la Memoria usted encontrará un gran muro de piedra con los nombres de los desaparecidos durante la dictatura militar ordenados por año. Si observa con detenimiento, descubrirá una serie de nombres alemanes, como por ejemplo Klaus Zieschank – 1976, Elisabeth Käsemann – 1977, Nora Marx – 1976 und Juan Miguel Tannhäuser – 1976.
En 1998, la “Coalición contra la Impunidad – Verdad y Justicia para los desaparecidos alemanes en Argentina” inició sus actividades con el fin de contribuir con los familiares de aquellos alemanes asesinados durante la dictadura militar argentina. Ese mismo año, la fiscalía de Nürnberg-Fürth comenzó a investigar sobre dichos acontecimientos. En una decisión histórica, el 28 de noviembre de 2003 el Juzgado de primera instancia de Nürnberg emitió una orden de arresto contra el ex presidente argentino y jefe de la Junta Militar Jorge Rafael Videla por fuertes sospechas acerca de su responsabilidad como autor mediato en el homicidio de los ciudadanos alemanes Elisabeth Käsemann y Klaus Zieschank.
En consecuencia, Videla y otros militares fueron objeto de un pedido de captura via Interpol y mediante una orden de arresto europea. A partir de ese momento, La República Federal de Alemania promovió durante años el pedido de extradición frente a la Argentina.
Un aspecto poco grato de las relaciones germano-argentinas resulta el comportamiento de las autoridades, empresas y opinión pública alemanas durante la dictadura militar. No me refiero únicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, criticado por su comportamiento ante los casos Klaus Zieschank y Elisabeth Käsemann. También los representantes del sector económico como Otto Wolff von Amerongen, presidente de la Asociación de las Cámaras Alemanas y la Cámara de Comercio Argentino-Alemana celebraron explícitamente la política económica de la dictadura militar. La empresa alemana Mercedez-Benz se encontró, a su vez, involucrada en reiteradas ocasiones (y aún hoy) en investigaciones penales así como un proceso civil en los Estados Unidos por ser acusada de colaborar en la desaparición de 16 sindicalistas activos de la planta de Mercedes-Benz Argentina en González-Catán, provincia de Buenos Aires, en el año 1976/77. Desafortunadamente, la empresa automotriz alemana no se encontraba sola en su rol de cómplice con los militares con el objeto de eliminar a los trabajadores organizados: además de Renault y Ford, muchas otras empresas argentinas como astilleros y conglomerados agrarios fueron partícipes en dichas acciones. Este aspecto ha comenzado a ser elaborado recientemente por parte del movimiento argentino de Derechos Humanos.
Desde el año 2005 se ha producido un fenómeno único a nivel mundial en materia de elaboración de crímenes de lesa humanidad en la Argentina: cientos de militares, policías y agentes de los servicios secretos fueron sometidos a juicio y condenados. Un factor decisivo en el marco de dicha exitosa acción judicial radicó sin duda en el enorme compromiso del movimiento de Derechos Humanos argentino, particularmente de las Madres de Plaza de Mayo y de las decisiones tomadas por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2005. Pero también fueron necesarios aspectos no lo suficientemente destacados como ser la presión proveniente de Europa frente al enjuiciamiento de los militares, dado que no sólo en Alemania, sino también en España, Italia y Francia fiscalías y jueces de instrucción dictaron órdenes de detención y sentencias contra militares argentinos. No obtante, tras la reciente asunción del actual presidente Mauricio Macri, han adquirido resonancia algunas voces, fundamentalmente de sectores de la derecha, según las cuales las acciones judiciales ligadas a los crímenes perpetrados durante la dictadura habrían de deternerse.
Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri recurrió a una retórica que hace peligrar los extraordinarios avances en materia de elaboración de la memoria histórica argentina. Del mismo modo, los crímenes de la dictadura militar son progresivamente relativizados, así como también es cuestionado el número de víctimas por parte de integrantes del actual gobierno argentino. El ex manager cultural, Darío Lopérfido, se vio obligado a renunciar el año pasado tras declaraciones sumamente controvertidas en relación a la cifra de desaparecidos que desataron fuerte presión por parte de la sociedad civil, no obstante lo cual fue nombrado este año como “Representante Especial para la Promoción de la Cultura Argentina” en Berlín por parte del actual gobierno. El propio Mauricio Macri se expidió en el marco de una entrevista escéptico con respecto a la cifra oficial de desaparecidos.
Recientemente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Luis Muiña provocó indignación en la sociedad civil, al ampliar la aplicación del principio “2×1” a crímenes de lesa humanidad, allanando así el camino para recortes considerables de las penas de los perpetradores de los delitos cometidos durante la dictadura militar. Únicamente la fuerte reacción de la sociedad civil argentina logró que el gobierno de Mauricio Macri se viera obligado a aprobar el decreto 27.362 que excluye explícitamente los crímenes de lesa humanidad de la regla “2×1”.
Justamente porque Argentina es considerada un ejemplo histórico de elaboración social, artística y jurídica del pasado, la que constituye uno de los ejes fundamentales del Estado de derecho y la democracia en el país, le solicito tratar el tema de la relevancia de la cultura de la memoria así como la permanente elaboración jurídica del pasado en el marco de su reunión con los miembros del gobierno argentino, especialmente con el presidente Mauricio Macri.
En caso de requerir informaciones adicionales acerca de los temas mencionados, incluso de manera inmediata, permanezco a su entera disposición.
Saludos cordiales,
Wolfgang Kaleck
European Center for Constitutional and Human Rights
Coalición contra la Impunidad
Esta carta es firmada por las siguientes organizaciones:
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
Buena Memoria Asociación Civil
Asamblea permanente por los Derechos Humanos APDH
Centro de Estudios Legales y Sociales
Liga Argentina por los Derechos del Hombre – LADH
Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre – MEDH
Servicio Paz y Justicia – SERPAJ
Foto: Parque de la Memoria