Estrategias para construir territorios justos, democráticos y sostenibles

El déficit en el acceso al hábitat digno afecta a quienes viven en las ciudades, a campesinos e indígenas, a sectores sociales de ingresos bajos y medios. Durante una jornada, especialistas de la Argentina y de la región debatieron sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda e intervenir en la desigualdad territorial.

El 8 de junio se realizó un evento en el Congreso sobre las propuestas de políticas públicas del Consenso Nacional para un Hábitat Digno y los desafíos latinoamericanos para acceder a la vivienda, que abrió la Relatora Especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas, Leilani Farha. En la jornada se presentó una publicación que desarrolla los diez ejes de políticas públicas que propone el Consenso.

Lucy Winchester, de la CEPAL, expuso sobre los avances del Plan de Acción Regional -impulsado junto con la ONU Hábitat y el MINURVI-, guiado por cuatro principios rectores: ciudades inclusivas, economías urbanas sostenibles, sostenibilidad ambiental urbana y gobernanza democrática. María Mercedes Maldonado, en la misma mesa, analizó las políticas de hábitat implementadas en distintos países de la región. Destacó experiencias innovadoras, pero señaló que la construcción de viviendas a gran escala sigue siendo la política que predomina en América Latina con resultados no buscados: en México se duplicó el financiamiento para la construcción de viviendas pero los sectores más pobres quedaron excluidos; en Chile, los barrios de viviendas sociales generaron ghettos de población pobre.


En la segunda mesa, los y las integrantes de Habitar Argentina analizaron los diferentes aspectos de la política habitacional del gobierno nacional. Se destacaron iniciativas como la realización de un censo poblacional en villas y asentamientos en todo el país. Sin embargo, advirtieron sobre la orientación pro mercado de la mayoría de los programas sobre tierra y vivienda, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Además, alertaron sobre los efectos y el corto alcance de las medidas orientadas a subsidiar la demanda y a otorgar créditos hipotecarios, en un contexto macroeconómico regresivo, en el que la población con posibilidades de acceso al crédito se reduce.