El 23 de mayo, especialistas e integrantes de organizaciones sociales de distintos países nos reunimos para analizar cómo los gobiernos están respondiendo a la protesta social, cómo evitar el efecto disuasorio de la posibilidad de reclamar que tienen algunas reacciones estatales y la amenaza al derecho a la protesta.
La lectura del contexto paraguayo que dio Oscar Ayala, de CODEHUPY, en la jornada sobre Derecho a la Protesta fue sombría. El “vaciamiento democrático del Estado” está acompañado por el acrecentamiento de la “criminalización a través del enjuiciamiento de dirigentes campesinos, indígenas y sociales en general, muchos de ellos como los campesinos de Curuguatí”.
Camila Marques, de Artigo 19, contó el “momento de inestabilidad política” de Brasil. “Tenemos un gobierno que recorta derechos y que también protagoniza restricciones del derecho a la protesta. Eso se da de diferentes maneras, con la agresión en las calles, las detenciones arbitrarias e ilegales, el uso exacerbado y desproporcionado de armas menos letales”.
En Venezuela -dijo Inti Rodríguez, de Provea- “se han institucionalizado la militarización de las labores de seguridad ciudadana y de control de las manifestaciones”. Al mismo tiempo, “el uso de la Justicia Militar para procesar a civiles viola la Constitución venezolana, viola los pactos internacionales en materia de derechos humanos”.
En México, ante nuevas formas de protesta social, Sofía de Robina, del Centro Prodh, contó que la respuesta estatal las aborda “como algo conflictivo y que debe minimizarse a través de muchas maneras, como a través de legislaciones que permiten el uso de la fuerza en contextos de protesta, pero también de detenciones arbitrarias”. Además, “en este contexto hay una violencia de género particular hacia las mujeres, que resulta preocupante, sobre todo por entender que las mujeres deben ser castigadas por estar en el espacio público”.