Ayer se cumplieron 23 años del atentado contra la sede de la AMIA. El mismo aniversario vale para la búsqueda de justicia y para la impunidad que garantizó el Estado a los responsables de las 85 muertes y de los cientos de heridos que dejó el 18 de julio de 1994 en la calle Pasteur 633.
Del acto organizado por los familiares de las víctimas agrupados en Memoria Activa participaron Diana Malamud, de esa organización, Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos, la periodista Irina Hauser y la directora del área Justicia y Seguridad del CELS Paula Litvachky.
Diana Malamud denunció el encubrimiento que se imprimió en la causa a lo largo de los años de investigación: “nadie investigó nada”. El marido de Diana, Andrés, estaba el 18 de julio en la AMIA haciendo unas refacciones. Ella estaba en su casa con sus hijas de 2 y 5 años y desde allí, unas veinte cuadras, sintió la explosión. Sus palabras estuvieron llenas de preguntas: “¿Qué hicieron Galeano, sus secretarios y los ex fiscales Mullen y Barcaccia durante 11 años? ¿Qué hizo Nisman y su fiscalía con casi 50 personas durante 10 años?”, “¿Cuántos intereses que van más allá de lo que podemos imaginar? ¿Qué perseguían todos los responsables de investigar? ¿Por qué no lo hicieron?”.
El caso AMIA puso de relieve las peligrosas conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales. En 1999 Memoria Activa, representada por el CELS y el CEJIL, denunció a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del derecho a la vida y a la integridad física, y por violar su obligación de realizar una investigación efectiva.
Para Guillermo Perez Roisinblit se puede marcar un paralelismo entre la lucha por la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes de la última dictadura y los que se cometieron en la AMIA. “Nuestras causas se originan cuando un determinado número de personas siente el poder de decidir sobre la vida de los demás y sobre su muerte–dijo. En ambas encontramos víctimas fatales, sobrevivientes y familiares que sufren por la ausencia de los que ya no están. Ese dolor lo reconozco. Son 23 años de cumpleaños no festejados, de días del padre o de la madre o una simple reunión de domingo donde ese ser amado se echa de menos y dolor y la impotencia lo ocupan todo”.
“La mal llamada justicia –dijo Irina Hauser– montaba una fachada y lo hacía en sintonía con el gobierno menemista, con la ex SIDE, incluso con la dirigencia de la colectividad judía: era una historia falsa para alejar a la sociedad de la verdad”. Acentuó el rol que tuvo el Poder Judicial en la trama de ocultamiento, “es una de las caras más perversas del Estado, que tiene la posibilidad, las herramientas y el deber de esclarecer, pero deviene parte de la trama delictiva. El Poder Judicial como activo fabricante de la impunidad parece una ironía macabra, pero es real, es el mecanismo que se plasmó en el atentado a la AMIA”.
En agosto de 2015, veintiún años después del atentado, comenzó el juicio oral con la resistencia de casi toda la estructura de la justicia federal de la Capital, por las maniobras de encubrimiento que buscaron orientar la investigación según conveniencias políticas.
Para Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del CELS, el activismo de los familiares de las víctimas es un ejemplo ético. Se trata de un camino que viene dejando las “huellas de un proceso de construcción individual y colectivo, que atraviesa lo personal con lo social, que fue llevando del dolor de la tragedia al reclamo político”. También señaló lo que desde el CELS demandamos: que el saldo del proceso que se lleva adelante en el Tribunal Oral 2 sea una justicia reparadora. Los encubridores, quienes garantizaron tantos años de impunidad, tienen que ser condenados.