Esta semana el gobierno de la ciudad de Buenos Aires admitió un 20% de aumento en la cantidad personas en situación de calle. Ayer se conocieron los resultados del censo, impulsado por el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Auditoria General de la Ciudad junto a 50 organizaciones sociales, que concluyó con resultados alarmantes: 4394 personas están en situación de calle y de ellas 594 son niños/as y adolescentes.
Según los datos relevados por el “censo popular de personas en situación de calle” 23% de los encuestados pasó a vivir en situación de calle en el último año. Este incremento está vinculado a la situación económica y social. En la ciudad aumentó la pobreza 1.7% en 2016 y la cantidad de personas que viven en los alojamientos transitorios de la ciudad pasó de 673 en 2015 a 3257 en 2016. Además la desocupación creció casi un punto entre el primer trimestre de 2016 y el mismo periodo de este año. Estos datos surgen del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien en diciembre de 2016 se actualizaron los montos del subsidio del Programa “Atención para familias en situación de calle”, se mantuvieron sus lógicas restrictivas de acceso y plazos perentorios de la cobertura estatal. El Estado no reconoce a las personas que están en situación de calle como sujetos de derecho sino como beneficiarios de una medida asistencial de corto plazo. En este contexto, la única alternativa para estas personas ha sido recurrir constantemente al Poder Judicial, lo que agrega complejidad a una situación de extrema vulnerabilidad, Además, según surge del censo, el 73% no es beneficiario de ningún programa social por estar en situación de calle.
El gobierno de la ciudad más rica del país debe dar respuesta urgente a la realidad de casi 5000 personas que no tienen un techo bajo el cual dormir. Esto es dar soluciones estructurales e integrales que impliquen un seguimiento de la situación de las personas vulneradas. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad tiene la obligación de cumplir con la ley 3.706 que obliga al Estado a proteger los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. Esto implica, entre otras obligaciones, implementar políticas de salud, vivienda, trabajo, educación y promover acciones para erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia esta población.
Foto M.A.F.I.A