Hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se realizó una jornada sobre el Pacto Global para las migraciones que se adoptará el año próximo. En un panel de expertos, el CELS destacó que es necesario revisar las políticas migratorias restrictivas que generan violaciones de los derechos humanos, limitar las medidas estatales que buscan controlar la migración e impulsar políticas que logren la inclusión social de las personas migrantes. El Pacto Global que aprobarán los Estados miembros de la ONU debería indicar los contenidos mínimos para el diseño de políticas migratorias basadas en derechos humanos.
El acceso a la documentación local, o la regularización migratoria, es fundamental para facilitar el ejercicio efectivo de derechos. Tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las y los migrantes a la hora de alquilar una vivienda, conseguir un trabajo formal, matricular a los niños en la escuela, recibir atención en salud o acceder a la justicia. Por eso los Estados deben garantizar el acceso a la documentación como primera respuesta a la situación de irregularidad.
Los procedimientos migratorios deben asegurar que los migrantes sean escuchados con tiempo suficiente y accedan a una asistencia legal. Criterios como la unidad familiar, las razones humanitarias, el trabajo – formal o informal – y el arraigo deben guiar las decisiones migratorias. Y cualquier decisión que implique la deportación o el rechazo en frontera tendría que ser revisada judicialmente. Además, el control migratorio no debe estar en manos de las fuerzas de seguridad.
El Pacto Global sobre las migraciones podría ser una herramienta intergubernamental sin precedentes pero la mayoría de los Estados han expresado un interés en profundizar el modelo actual, centrado en los controles y la seguridad, en vez de transformarlo. En la discusión de hoy, en la cual participaron representantes de los Estados miembros de la ONU, planteamos nuestra postura: el Pacto debe enfocarse en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la vida, la integridad física y la dignidad. La situación crítica de los migrantes en muchos países requiere un abordaje nuevo, con eje en los derechos humanos. Las leyes migratorias de la Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia, entre otros países, demuestran que esto es posible.