La actuación de redes criminales basadas en el desarrollo de mercados ilegales, las dinámicas de la violencia y su penetración institucional no pueden abordarse como si fueran un problema único al que hay que responder de la misma manera: con intervenciones policiales marcadas por el uso de la fuerza, el hostigamiento y la estigmatización de determinados sectores sociales.
Los fenómenos de circulación de la violencia en los barrios pobres requieren de investigaciones que arrojen elementos capaces de describir sus lógicas territoriales. Este escenario desafía también los marcos conceptuales sobre la violencia institucional y las formas de intervención clásica en derechos humanos.
Si bien su naturaleza y funcionamiento pueden diferir, estos fenómenos suelen ser asociados al comercio y el consumo de drogas ilegales, y abordarse en forma indiscriminada a través del sistema de seguridad y de medidas enmarcadas en la “lucha contra las drogas”. En este sentido, el marco legal de prohibición del consumo favorece el fortalecimiento de los grupos que manejan los mercados ilegales. En muchos casos se observan impactos como el deterioro institucional, la diseminación de lógicas violentas y daños sociales irreparables.
Diversos acontecimientos públicos fueron dejando en evidencia las fallas del sistema de seguridad, la degradación de las fuerzas policiales, las complicidades con las redes ilegales y la falta de profesionalismo de las policías y servicios penitenciarios en las distintas jurisdicciones. Estos problemas pueden implicar un desafío a la gobernabilidad democrática y forman una parte importante de la producción y reproducción de la violencia.
Para Juan Gabriel Tokatlian “la guerra contra las drogas no es una metáfora, sino que afecta sensiblemente la relación cívico-militar, la situación de los derechos humanos, el devenir de la democracia y especialmente a los sectores populares”. Especialista reconocido de la Universidad Di Tella, agregó que “el caso argentino es una luz amarilla antes de volverse roja. El gobierno haría muy mal si no redefine sustantivamente su política en materia de drogas”.
“El incremento en la tasa de homicidio en México corre de manera muy marcada a partir de 2007 y coincide con la declaración de la ‘guerra contra las drogas’ que lanzó el por entonces presidente Calderón”, dijo Carlos Antonio Flores Pérez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de México. Además, “el gran problema que tenemos es una tasa de impunidad muy grande: el 98% de los crímenes no son investigados de manera que lleven a sentencias condenatorias”.
En San Pablo, Brasil, la respuesta del Estado a las economías ilegales es diferenciada y en general represiva. Daniel Hirata, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, explicó que la “represión es muy selectiva para ese tipo de mercados”. Por ejemplo, en los barrios más pobres “hay políticas de ocupación territorial, allanamientos ilegales de casas, detenciones arbitrarias, condenas y sobrencarcelamiento”, mientras que el “tráfico que se da en la clase media está exento de control y de violencia”.
Verónica Gago es investigadora de la Universidad de Buenos Aires e integra la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios. Hizo hincapié en la idea de “mercados ilegales” que producen y comercializan productos legales, para cambiarla por “mercados informales o economías populares”, porque al hablar de “ilegalidad” se habilita la criminalización. En cambio, los otros conceptos permiten señalar “cómo son hoy las vidas subalternas, cómo se reproducen la vida de millones de personas y cómo esas redes tienen una capacidad de sobrevivencia en la crisis y de organización del trabajo cuando el horizonte del empleo no es una opción de mayorías”.
Las reflexiones y debates sobre las respuestas estatales a la actividad de los mercados ilegales o informales se dieron durante un seminario organizado por el CELS, la Universidad Di Tella, la UMET, la UNLa y la UNQui, y luego en una charla abierta. La bibliografía se puede descargar de los links:
-Álvarez, Llorente, Cajiao y Garzón (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
-Flores Pérez, Carlos Antonio (2013). “Un asunto de impunidad. La colusión entre la delincuencia organizada y la política y su efecto en la crisis de violencia en México“. En revista Gestión y Política Pública. México.
-Flores Pérez, Carlos Antonio (2014). “La lógica del botín. Reconfiguración cooptada del Estado y su efecto en el proceso de falla“. En Antonio Carlos de Souza Lima y Virginia García-Acosta (comp.) Margens da violência. Subsídios ao estudo do problema da violência nos contextos mexicano e brasileiro. Brasília: ABA.
-Gago, Verónica (2014). La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires: Tinta Limón.
-Gago, Verónica (2015). “Las finanzas incorporan a las clases populares“. En revista Le monde diplomatique. Buenos Aires.
-Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012). Redes ilícitas y reconfiguración de Estados. El caso Colombia. Bogotá: ICTJ, Vortex.
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Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2015). Drug Trafficking, Corruption and States. How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala and Mexico. Bloomington: iUniverse.
-Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2016). Macro-criminalidad. Complejidad y resiliencia de las redes criminales. Bloomington: iUniverse.
-Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, De León-Beltrán y Guerrero (2008). La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Bogotá: Grupo Método.
-Hirata, Daniel (). “Segurança pública e fronteiras: apontamentos a partir do ‘Arco Norte’”.
-Hirata, Daniel (2015). “A Biqueira como um ponto: Notas para a construção de um conceito“.